Hacienda publica nuevas reglas antilavado; instituciones deberán reportar operaciones en 24 horas

Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó nuevas disposiciones para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México, las cuales obligarán a bancos, sociedades financieras, uniones de crédito y demás sujetos obligados a adoptar un modelo de supervisión basado en el nivel de riesgo de cada cliente y operación.

Las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fueron publicadas el 7 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como parte de la implementación de las reformas aprobadas durante 2025 y 2026.

Entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), mediante el cual las instituciones deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas.

Asimismo, las nuevas reglas contemplan la clasificación de clientes, medidas específicas para Personas Políticamente Expuestas (PEP), la identificación del beneficiario controlador y la obligación de presentar avisos sobre operaciones relevantes en un plazo máximo de 24 horas.

El nuevo marco regulatorio también establece la elaboración de manuales de políticas internas, programas de capacitación y selección de personal, auditorías periódicas, mecanismos automatizados de monitoreo, disposiciones para fideicomisos y organizaciones sin fines de lucro, además de la utilización de notificaciones electrónicas.

Hacienda explicó que el nuevo esquema aplicará el principio de “debida diligencia proporcional”, es decir, a mayor riesgo identificado, mayores controles y medidas de supervisión.

La dependencia señaló que estas modificaciones buscan brindar mayor certeza jurídica, fortalecer la coordinación entre autoridades y alinear el sistema mexicano con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las disposiciones entrarán en vigor de manera gradual a partir de noviembre de 2026, con un periodo de seis meses para que las instituciones adecuen sus sistemas, manuales y procesos internos, con el objetivo de cumplir plenamente las nuevas obligaciones en marzo de 2027.