Incertidumbre y escepticismo en gremio periodístico ante propuesta de ley de protección en Chihuahua

La iniciativa de ley presentada en el Congreso del Estado de Chihuahua para proteger a periodistas y trabajadores de la prensa ha generado más dudas que respaldo entre los propios comunicadores. La propuesta, impulsada por la diputada morenista Rosana Díaz Reyes y actualmente en proceso de consulta, ha sido recibida con desconfianza, escepticismo y escasa participación por parte del gremio periodístico.

La llamada “Ley para la Protección Integral de Personas Periodistas y Trabajadores de la Prensa” fue llevada a una serie de foros abiertos organizados por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en diversas ciudades del estado, como Chihuahua, Delicias, Parral y Ciudad Juárez. No obstante, la asistencia fue limitada, y quienes participaron manifestaron más preocupaciones que apoyo.

Uno de los principales señalamientos es que la propuesta no atiende las condiciones estructurales que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación. “No debe haber una ley al vapor”, expresó Rosario Aguilar, integrante de una agrupación de periodistas, al subrayar la precariedad en la que laboran muchos colegas. “Hay periodistas que no pueden pagar la renta o los servicios básicos”, añadió.

Desde medios independientes, como el portal Raíchali, también se cuestionó la efectividad de una nueva legislación. El periodista Óscar Rosales consideró que más allá de sumar una nueva norma, debe haber voluntad política para enfrentar los altos índices de agresiones contra la prensa, muchas de ellas —según afirmó— provenientes de autoridades. Citó el caso de un reportero de nota roja que fue agredido este año por policías municipales, sin consecuencias para los responsables.

Otro tema recurrente fue la falta de seguridad social y laboral en los medios de comunicación, así como la relación entre la libertad de prensa y la publicidad oficial. Varios participantes señalaron que el control gubernamental sobre medios mediante contratos publicitarios ha generado una dependencia económica que afecta la independencia editorial, mientras los propios reporteros laboran sin prestaciones ni garantías.

Entre las propuestas más consensuadas estuvo la necesidad de realizar mesas técnicas con expertos antes de impulsar una ley de esta naturaleza. Los participantes coincidieron en que una legislación efectiva no puede construirse sin un diagnóstico profundo y sin la participación real del gremio.

Hasta ahora, el Congreso local no ha definido los siguientes pasos en el proceso legislativo. Mientras tanto, crece el llamado a repensar el enfoque de la protección a periodistas, priorizando mejores condiciones laborales, mecanismos reales de seguridad y el respeto a la libertad de expresión como base para cualquier legislación futura.