Informe advierte riesgos legales por expulsiones de criminales de México a EE.UU.

Un análisis sobre 149 casos de extradición y expulsión de presuntos líderes criminales hacia Estados Unidos advierte que el respaldo legal de las expulsiones aplicadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum podría generar cuestionamientos sobre la soberanía del país y los derechos individuales.

El documento titulado “Exportando Justicia: Extradición y Expulsión de México a Estados Unidos” señala que, aunque estas medidas pudieron ofrecer resultados más rápidos que los procesos tradicionales de extradición, también podrían sentar un precedente legal delicado.

“Si bien estas expulsiones pueden haber brindado mayor eficiencia a corto plazo que las extradiciones, o haber salvado a México de aranceles devastadores, podrían sentar un precedente que amenace la soberanía mexicana y los derechos individuales de sus ciudadanos”, advierte el informe.

El estudio sostiene que varias de las transferencias carecieron de solicitudes formales, un elemento fundamental para la solidez jurídica de los procedimientos internacionales.

Especialistas citados en el análisis consideran que el respaldo legal de las expulsiones es “precario”, ya que la Ley de Seguridad Nacional de México otorga facultades amplias al Ejecutivo, pero estas deben ejercerse dentro del marco del llamado principio de legalidad.

Según el informe, ni la legislación vigente ni la Constitución establecen un mecanismo para trasladar a personas acusadas de delitos fuera del proceso formal de extradición, lo que abre la posibilidad de que algunas expulsiones se hayan realizado al margen de los procedimientos establecidos.

El documento también aborda el caso de Ismael Zambada García, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien fue entregado a autoridades estadounidenses en julio de 2024 tras un secuestro. De acuerdo con el análisis, tribunales de Estados Unidos han determinado desde 1992 que una persona secuestrada puede ser llevada ante la justicia de ese país si el tratado de extradición no lo prohíbe expresamente.

Las expulsiones revisadas en el informe ocurrieron principalmente en febrero de 2025, cuando fueron enviados 29 presuntos criminales a Estados Unidos, y en agosto del mismo año, cuando se trasladó a otros 26.

Entre los nombres mencionados se encuentran figuras del narcotráfico como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

El análisis indica que la mayoría de los extraditados y expulsados enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas. Además, revela que el 4.4 por ciento de los casos correspondía a integrantes del Cártel de Juárez, proporción similar a la registrada entre quienes fueron expulsados.

No obstante, la mayor parte de los casos corresponde a miembros del Cártel de Sinaloa, aunque también se identificaron integrantes de los cárteles de Tijuana, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y del grupo de los Beltrán Leyva.

Entre los extraditados analizados también figuran Eduardo Ravelo y Enrique Guajardo López, exintegrantes de la pandilla Barrio Azteca, acusados por el asesinato de personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez en 2010.