Lunes 16 de diciembre de 2024
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó por un año a Araly Cristina Paulina del Rocío L. A., exdirectora administrativa de Comunicación Social del Gobierno del Estado en 2018, tras ser encontrada responsable de cometer irregularidades administrativas en la adquisición de equipo tecnológico.
La sanción se deriva de su instrucción para la compra de un equipo de cómputo de alta gama por 352 mil 943.60 pesos y una cámara fotográfica por 73 mil 269.21 pesos. Las transacciones, realizadas bajo su autorización, no cumplieron con los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, pues la exfuncionaria autorizó dos “contratos simplificados”, una figura no contemplada en la legislación aplicable.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) fue la encargada de iniciar el procedimiento, luego de detectar las irregularidades durante la revisión de la Cuenta Pública 2018 en la Coordinación de Comunicación Social. La ASE presentó denuncias administrativas y penales por los actos cometidos, que derivaron en la resolución del tribunal.
Entre las pruebas presentadas, se comprobó que la exfuncionaria utilizó un documento apócrifo como parte de un supuesto estudio de mercado necesario para justificar las adquisiciones. Dicho documento contenía una cotización de la empresa TK Soluciones en Sistemas S.A. de C.V., la cual no existía, ya que no se encontró registro oficial alguno de esta empresa.
El magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, determinó que las acciones de la exdirectora constituían abuso de funciones, conforme al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En consecuencia, se le impuso la inhabilitación por un año para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La resolución fue registrada en el expediente 047/2024-1 JRA y notificada a la Auditoría Superior del Estado como parte denunciante, consolidando así un precedente en la lucha contra la corrupción en el ámbito público.