Juez definirá si vincula a proceso a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

Un juez federal resolverá este martes si el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, es vinculado a proceso por su presunta participación en el ocultamiento o destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La audiencia está programada para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el juez Mario Elizondo Martínez determinará la situación jurídica del exmandatario.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa el delito de desaparición forzada de personas, en la modalidad que sanciona a los servidores públicos que oculten o nieguen información sobre la privación de la libertad o el paradero de personas desaparecidas. En caso de ser declarado culpable, la pena podría alcanzar entre 40 y 60 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, Aguirre Rivero habría ordenado destruir u ocultar los videos captados por las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente, cuando desaparecieron los estudiantes normalistas.

La acusación se sustenta principalmente en los testimonios de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora de esa institución, quienes colaboran con la FGR mediante criterios de oportunidad.

Según la declaración de Estrada Ortega, Aguirre habría instruido a funcionarios estatales para eliminar cualquier evidencia que pudiera relacionarlo con los hechos. La exfuncionaria también aseguró haber entregado personalmente los videos al entonces gobernador el 29 de septiembre de 2014.

Por su parte, la defensa de Aguirre sostiene que esas acusaciones son falsas y busca demostrar que el exgobernador no se encontraba en Guerrero el día en que presuntamente recibió el material videográfico.

Como parte de su estrategia, solicitó al juez requerir videos de seguridad y registros de acceso de un edificio ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, para acreditar su ubicación ese día, además de pedir a la FGR diversas pruebas documentales y las declaraciones rendidas por las principales testigos antes de que obtuvieran beneficios legales mediante criterios de oportunidad.

La resolución que emita el juez definirá si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra el exgobernador de Guerrero por este caso.