La elección judicial de 2025: dilema ético y político para la ciudadanía

El próximo 1 de junio, México enfrentará una elección inédita y controversial: por primera vez, se elegirán por voto popular más de 1,600 cargos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un profundo debate sobre su impacto en la independencia del Poder Judicial y la calidad democrática del país.​

Desde su promulgación en septiembre de 2024, la reforma ha sido calificada por críticos como un intento de concentración de poder que vulnera la división de poderes establecida en la Constitución. Organizaciones civiles y expertos en derecho han advertido que la elección popular de jueces podría socavar la imparcialidad y autonomía del sistema judicial, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos .​

Además, el proceso de selección de candidatos ha sido cuestionado por su falta de transparencia y posibles vínculos con el crimen organizado. Se han identificado aspirantes con antecedentes penales o relaciones con grupos delictivos, lo que ha generado preocupación sobre la integridad del proceso electoral.​

Ante este panorama, la ciudadanía se encuentra ante un dilema ético y político: ¿votar en un proceso que muchos consideran ilegítimo o abstenerse como forma de protesta? Algunos proponen anular el voto o marcarlo con mensajes de rechazo, mientras que otros sugieren votar únicamente por aquellos candidatos que provengan del Poder Judicial (iniciales PJ) o que hayan sido funcionarios judiciales (iniciales EF), como una forma de preservar la autonomía del sistema.

Este debate refleja una profunda preocupación por el futuro de la justicia en México y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. La elección del 1 de junio será un punto de inflexión que definirá el rumbo del país en términos de gobernanza, derechos humanos y Estado de derecho.