Organizaciones califican de “inaceptable” actuación de la FGR en caso del incendio migratorio en Ciudad Juárez

Organizaciones de la sociedad civil calificaron como “inaceptable” la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un fiscal acudiera sin conocimiento pleno del caso a una audiencia inicial relacionada con el incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los colectivos Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Fundación para la Justicia, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Clínica Jurídica Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana, el representante del Ministerio Público argumentó que la carpeta de investigación —integrada por 36 tomos y 74 anexos— no le había sido entregada en su totalidad y que el caso le fue asignado recientemente.

Las organizaciones señalaron que, a tres años del incendio, esta falta de preparación refleja un presunto desinterés institucional en garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

El pasado 6 de abril de 2026, el juez penal federal Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que no había condiciones para llevar a cabo la audiencia inicial correspondiente a la causa penal 593/2023, por lo que fue declarada “sin materia”, derivando en que el proceso fuera desechado y concluido de manera provisional.

En dicho expediente se buscaba imputar a cuatro personas —entre ellas tres exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración (INM)— por los delitos de daño en propiedad y ejercicio ilícito del servicio público.

Las organizaciones advirtieron que este nuevo retraso deja a las víctimas en un escenario de incertidumbre y denunciaron que la falta de preparación del fiscal no es un hecho aislado, sino reflejo de fallas estructurales en el sistema de justicia.

El incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 27 lesionadas, además de mujeres sobrevivientes, cuyos casos siguen en espera de resolución.

Aunque el proceso podría reactivarse si se solicita una nueva audiencia, los colectivos enfatizaron que cada retraso representa una forma de revictimización, al prolongar la espera de justicia para las personas afectadas.

“Las víctimas no pueden seguir esperando; la justicia debe actuar con urgencia y responsabilidad”, expresaron.