Lunes 25 de mayo de 2026
Dirigentes nacionales y estatales del Partido Acción Nacional (PAN) ofrecieron una rueda de prensa en la Ciudad de México para expresar su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), y acusaron un presunto uso político de las instituciones federales.
Durante el encuentro con medios de comunicación, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, la comparecencia de la mandataria estatal no representa un riesgo para su situación legal y consideró que el proceso podría traducirse en un mayor respaldo ciudadano hacia la gobernadora.
Por su parte, Roberto Gil Zuarth, integrante del equipo jurídico de Campos Galván, afirmó que existe preocupación por la forma en que se desarrolla la investigación y advirtió sobre la posibilidad de que la calidad procesal de la gobernadora pudiera modificarse durante el procedimiento.
“No están buscando investigación para esclarecer hechos apegados a derecho, están buscando un hostigamiento procesal”, señaló el abogado durante la conferencia.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, aseguró que la gobernadora enfrenta una persecución política y reiteró el respaldo del partido a la titular del Ejecutivo estatal.
Los dirigentes panistas adelantaron que durante el próximo fin de semana anunciarán una serie de acciones de apoyo a la mandataria chihuahuense, aunque no precisaron los detalles de las mismas.
La comparecencia de Maru Campos está programada para el próximo miércoles en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, donde acudirá en calidad de testigo dentro de las investigaciones relacionadas con un operativo realizado en el municipio de Morelos y la presunta participación de agentes extranjeros.
Hasta el momento, tanto la FGR como la presidenta Claudia Sheinbaum han señalado públicamente que el citatorio forma parte de una investigación en curso y que no existe una imputación formal contra la gobernadora de Chihuahua.
El caso ha generado reacciones de diversos actores políticos a nivel nacional, en medio de un contexto de creciente confrontación entre representantes de la oposición y el Gobierno Federal.

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