Piden castigo a gobiernos incumplidos

Los gobiernos estatales que incumplan con los compromisos de combate a la delincuencia y corrupción, podrían con una reducción del presupuesto y la sustitución de funcionarios ineficientes.

Esta fue una de las propuestas de los representantes de organizaciones civiles que participaron, el pasado 11 de enero, durante el foro “Diálogo por la Seguridad” al que fue convocado el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

La directora de la organización “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, fue quien encabezó la exposición donde se demostró la falta de compromiso de las autoridades estatales.

“Lo que hemos enfrentado es que constantemente los gobiernos vienen (a foros ciudadanos en materia de seguridad), se comprometen y hasta lo firman pero no pasa nada, solamente se queda en el discurso.

“Tenemos que penalizar a los estados de alguna manera, señor presidente, para que puedan cumplir y también a la federación, lo que no cumplan”, dijo al solicitar al titular del poder Ejecutivo penalizaciones para estos casos.

Durante el desarrollo del foro, también se presentaron pruebas de la resistencia que han mostrado los gobiernos estatales para cumplir con el compromiso para instalar los Centros de Control de Confianza donde se evaluará a los elementos encargados de la seguridad pública y prevención del delito, en cada entidad.

Los integrantes de la organización civil Ciudadanos por una Causa Común presentaron un informe sobre este tema que reveló lo siguiente: sólo la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública federal, así como los estados de Baja California y Guanajuato, cumplieron con el compromiso.

En el documento se establece que a la fecha hay siete estados en proceso de certificación de sus centros de evaluación: Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, estado de México, Aguascalientes y Coahuila.

Mientras que los gobiernos de Chiapas, Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sonora, Veracruz, Nuevo León y Zacatecas, apenas están en vías de desarrollar un Centro de Control de Confianza.

La presidenta de Ciudadanos por una Causa Común, Gabriela García, expusó los casos de mayor preocupación: “cuatro entidades realmente con un avance muy pobre, digamos sobre el ocho por ciento que es Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz, y una entidad señor presidente que realmente es una vergüenza que es Quintana Roo, cuenta con apenas el dos por ciento y tiene una industria, como es el turismo enorme bajo sus hombros, y no hemos hecho nada con este estado”.

En materia de secuestros, Miranda de Wallace informó que tampoco se registran resultados en el acuerdo firmado hace dos años en Palacio Nacional; según el documento denominado “Acuerdos por la Seguridad y la Justicia”, los 32 gobiernos estatales se comprometieron a crear unidades especializadas antisecuestro.

“A excepción de la federación, aún no han quedado debidamente conformadas las unidades antisecuestro, las estatales, aún no cuentan con el personal certificado y en consecuencia capacitado, y tampoco con el equipo necesario para dar atención integral a las víctimas del delito de secuestro”, señaló en su informe presentado al titular del poder Ejecutivo.
Por lo anterior, los representantes de las organizaciones civiles hicieron un llamado para crear un catalogo de penalizaciones aplicable a los gobiernos estatales que incumplan con los compromisos ciudadanos.