Presumen golpe al huachicol, pero liberan a presunto líder de la red

A dos meses del operativo federal que fue presentado como uno de los principales golpes contra el robo y contrabando de combustible en el país, un juez ordenó la liberación de Salvador Cortés, alias "El Titán", al considerar que no existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

La resolución fue emitida por la jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, María de los Ángeles Padrón Banda, quien decretó la no vinculación a proceso del presunto integrante de una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.

La decisión se produjo luego de que el juez Primero Penal de Nuevo León, Mario Melo Cardoso, concediera el pasado 8 de julio un amparo definitivo al señalar presuntas irregularidades en los cateos realizados en el domicilio del imputado.

Con esta resolución, los cuatro detenidos durante los operativos efectuados el 9 y 10 de mayo en los municipios de Monterrey, San Pedro y Allende quedaron en libertad. En dichas acciones también fueron capturados Jesse Uresti, Juan de Dios Saavedra y Rosario Flores, señalada como presunta pareja sentimental de "El Titán".

En su momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el operativo como un importante golpe contra una organización dedicada al contrabando de combustible y la comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Las autoridades identificaron a Salvador Cortés como presunto socio de Roberto Blanco Cantú, conocido como "El Señor de los Buques", quien ha sido señalado por su presunta participación en esquemas de contrabando de combustible mediante ferrocarril y por su relación con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas durante marzo de 2025.

El caso ha generado cuestionamientos debido a que la liberación ocurre en el contexto de la reciente reforma judicial impulsada por el Gobierno federal, la cual fue promovida con el argumento de fortalecer el sistema de justicia y evitar que presuntos delincuentes recuperaran su libertad por resoluciones judiciales. En este caso, la autoridad jurisdiccional determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para sostener la imputación penal.