Jueves 13 de noviembre de 2025
El empresario Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas emitieron un duro posicionamiento en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el máximo tribunal del país ordenara a Elektra pagar más de 33 mil millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A través de un comunicado y publicaciones en redes sociales, el corporativo calificó a la actual Suprema Corte como una institución “espuria”, al considerar que su reciente fallo “marca un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria SCJN votó en contra de Grupo Salinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno”, señaló el grupo empresarial.
En el documento, Grupo Salinas acusó a los ministros de la Corte de actuar “por consigna y obedeciendo instrucciones del Ejecutivo Federal”, en lugar de cumplir con su deber de independencia y defensa de los ciudadanos.
Asimismo, la compañía anunció que buscará recurrir a instancias internacionales para defender lo que consideran sus derechos humanos y denunciar una supuesta “persecución política sistemática” en contra de Salinas Pliego.
“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, para proteger nuestros derechos y exhibir ante el mundo la persecución política y el autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación”, indicó el comunicado.
El grupo insistió en que el SAT debe precisar el monto total de los créditos fiscales “sin cobros dobles e ilegales” y aseguró que las sanciones impuestas son “inconstitucionales y desproporcionadas”.
Finalmente, Salinas Pliego sostuvo que el fallo de la Corte sienta un “precedente profundamente preocupante” para la inversión y la certeza jurídica en México, pero advirtió que no se rendirá:
“No nos van a doblegar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos”.
El fallo del Tribunal ordena el pago de siete créditos fiscales, cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos, sin contar multas, recargos ni actualizaciones, lo que representa una de las resoluciones más significativas en materia fiscal de los últimos años.

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