Sedena deberá pagar más de 9 mil 500 millones de pesos por errores legales en compra de equipo de espionaje

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue sentenciada por un juez federal a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STC), tras cometer errores legales durante un proceso judicial derivado de la compra de equipos de espionaje.

De acuerdo con la resolución judicial, el monto deberá cubrirse con recursos del erario público, luego de que el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, el general Pedro Bonilla Muñoz, incurriera en dos fallas clave que dejaron a la dependencia en estado de indefensión.

El primer error consistió en no acreditar su personalidad jurídica como apoderado legal de la dependencia durante el juicio. El segundo fue presentar fuera de tiempo el recurso de apelación, lo que impidió revertir la decisión judicial.

La demanda fue interpuesta por STC en septiembre de 2023, aunque fue hasta ahora cuando el juez federal emitió la sentencia definitiva. La Sedena había rescindido los contratos con la empresa desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que dio origen al litigio.

STC argumentó ante el tribunal que tanto el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos como el Subjefe Jurídico de la Sedena no acreditaron debidamente su representación legal, situación que fue validada por el juzgador.

Aunque la Secretaría de la Defensa intentó apelar la resolución, el recurso fue desechado por haber sido presentado fuera del plazo legal, consolidando así la sentencia en su contra.

Cabe destacar que Security Tracking Devices es una empresa vinculada a la venta de equipos de espionaje y ha sido señalada como una de las proveedoras del software Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, herramienta que ha generado polémica internacional por su uso en tareas de vigilancia.

El fallo representa uno de los golpes financieros más severos para la Sedena en años recientes y reaviva el debate sobre la responsabilidad administrativa y legal en la gestión de contratos millonarios dentro de las Fuerzas Armadas.