Sheinbaum descarta tintes políticos en caso Maru y defiende soberanía nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua no tienen motivaciones políticas, sino que responden a temas de soberanía nacional y cumplimiento de la ley mexicana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respaldó las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República y subrayó que ningún gobierno extranjero puede operar en territorio nacional fuera del marco legal.

“Este no es sólo un asunto de la Presidenta, es un asunto de soberanía”, expresó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo recordó que en abril pasado autoridades ministeriales de Chihuahua localizaron un laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara, operativo en el que participaron dos agentes estadounidenses que posteriormente murieron junto con elementos estatales en un accidente vehicular.

Explicó que la investigación federal no está relacionada con el aseguramiento del narcolaboratorio, sino con la posible intervención de agentes extranjeros en acciones operativas dentro del país, lo cual está regulado por la Ley de Seguridad Nacional.

“La ley establece que los agentes extranjeros deben registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y no pueden realizar operativos conjuntos en tierra ni sustituir funciones de las autoridades mexicanas”, puntualizó.

Sheinbaum rechazó que exista una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y aclaró que el objetivo es determinar cómo ocurrió la participación de los agentes estadounidenses y si hubo alguna irregularidad.

“Se ha querido plantear que es un asunto político, pero no tiene nada que ver. Lo que se investiga es cómo ocurrió esta circunstancia y si implica algún delito”, sostuvo.

En otro tema, la Presidenta reveló que el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de diez mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un alcalde presuntamente vinculados con actividades ilícitas en Sinaloa.

Sin embargo, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores consultó el caso con la FGR y ésta respondió que no existían pruebas suficientes para proceder conforme a las leyes mexicanas, por lo que se abrió una investigación propia.

“No porque cualquiera venga y diga que alguien cometió un delito se puede actuar. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas”, afirmó.

La mandataria reiteró que México mantendrá coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero sin permitir injerencias extranjeras.

“Sí a la colaboración, sí a la coordinación, pero sin injerencismo”, concluyó.