Solicitan juicio político contra Adán Augusto por presuntos nexos con “La Barredora”

La diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), presentó este lunes ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

La legisladora argumenta que existen indicios de una presunta relación entre López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, quien fue expulsado la semana pasada de Paraguay por sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, organización dedicada al robo de hidrocarburos y a la extorsión.

Según Pérez-Jaén, la cercanía entre Adán Augusto y Bermúdez Requena, quien ocupó un cargo clave durante su administración como gobernador de Tabasco, es motivo suficiente para solicitar que se inicie un proceso de investigación y, eventualmente, un desafuero.

“No podemos permitir que la sombra de la delincuencia organizada se infiltre en el Senado de la República. Exigimos una revisión a fondo de los vínculos del senador López Hernández con personajes ligados al crimen organizado”, expresó la diputada al presentar el documento.

Adán Augusto López, por su parte, ha rechazado categóricamente cualquier implicación con las actividades de Bermúdez Requena o con “La Barredora”. En declaraciones breves a medios de comunicación, afirmó estar “tranquilo” y aseguró que “no tiene nada que ver con ese tema”.

El documento presentado por la diputada panista fue entregado ante la Oficialía de Partes de San Lázaro y deberá ser turnado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que determinará si existen elementos para dar inicio formal al proceso de juicio político.

Este nuevo episodio se suma a una serie de tensiones internas dentro del partido Morena, luego de que un grupo de senadores también exigiera cuentas a López Hernández por el manejo de recursos del grupo parlamentario.

“La Barredora” es considerada una organización criminal regional, presuntamente involucrada en delitos como el huachicoleo (robo de combustible), extorsión y cobro de piso en el sureste del país. Su influencia se ha extendido en varios estados, y ha sido señalada como parte de las redes de protección dentro de algunas administraciones locales.

El proceso de juicio político es un mecanismo constitucional que permite la remoción de funcionarios públicos por la comisión de faltas graves a la ley, y su aprobación requiere una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.