TEE recibió 145 impugnaciones en primera etapa del proceso electoral para renovar el Poder Judicial en Chihuahua

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua atendió un total de 145 impugnaciones durante la primera etapa del proceso extraordinario para la renovación de cargos estatales del Poder Judicial, informó el magistrado presidente Hugo Molina.

Las impugnaciones fueron presentadas contra diversas autoridades involucradas en el proceso electoral, entre ellas el Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el Instituto Estatal Electoral (IEE). Este número de recursos legales surgió tras la controversia generada por la exclusión de aspirantes a magistraturas.

Del total de juicios recibidos entre el 17 de febrero y el 4 de abril, 43 fueron promovidos por magistrados excluidos del proceso, mientras que 100 corresponden a personas juzgadoras inconformes con las listas publicadas por los Comités de Evaluación de los tres poderes de gobierno y el IEE.

Uno de los casos más relevantes fue el de Karla Ivonne Medina Durán, quien presentó dos impugnaciones al detectar que su nombre no fue incluido en el listado final publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), pese a estar considerada tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo. Los magistrados del TEE resolvieron de forma unánime que el IEE debía incluir a la aspirante en las boletas electorales, tras confirmar la omisión por parte de ambas instituciones.

En contexto, las inconformidades surgieron luego de que, el 28 de febrero, la Junta de Coordinación Política decidiera no someter a votación el dictamen legislativo que contenía las propuestas de candidatos, debido a la falta de acuerdo entre las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

Posteriormente, el 4 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia que revocó la exclusión de candidatos, ordenando al TEE garantizar la participación de los aspirantes debidamente acreditados. La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que la decisión del Congreso de omitir su votación fue arbitraria y contraria a los derechos político-electorales de los involucrados.

El magistrado Molina informó que, hasta el momento, no se han recibido nuevas impugnaciones tras la resolución del TEPJF, aunque no se descarta que surjan inconformidades en la segunda etapa del proceso, correspondiente a la votación ciudadana el próximo 1 de junio.