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Viernes 24 de septiembre de 2010

Muertos y torturado asesinos de "El Choco"

Exhibe PGR a ‘El 7’, reo capturado por el Ejército y por quien se interpuso una denuncia ante la CNDH en junio


Exhibe PGR a ‘El 7’, reo capturado por el Ejército y por quien se interpuso una denuncia ante la CNDH en junio

El apodo de “El 7”, con el que la Procuraduría General de la República identificó a un detenido presuntamente relacionado con el homicidio del periodista Armando Rodríguez, corresponde al de un reo aprehendido por el Ejército Mexicano y sobre quien en junio pasado se interpuso una queja por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con reportes periodísticos, el único reo identificado como “El 7” es Juan Alfredo Soto Arias, también alias “El Arnold”, que en marzo pasado fue presentado por el Ejército Mexicano como presunto autor de la masacre de Villas de Salvárcar.

Pero de acuerdo con una denuncia interpuesta el 29 de junio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos –y de la cual este medio tiene una copia–, Soto Arias fue sometido a diversas torturas con tal de que se inculpara de diversos delitos.

A la vez, la PGR dio a conocer que el homicidio de “El Choco” fue planeado por José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, a quien la dependencia da por muerto en una ejecución ocurrida en 2009, pese a que la misma corporación ofreció en mayo de 2010 una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Además, de acuerdo con el archivo periodístico, las últimas manifestaciones públicas de “El Diego” en esta ciudad fueron realizadas los días 9 y 10 de septiembre de este año mediante pintas dirigidas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El dato de que la muerte del periodista fue concebida por “Diego” se lo atribuye la PGR a los hombres aprehendidos que relaciona con este caso e identifica como “El 7” y Hugo Valenzuela Castañeda.

Este último, de acuerdo con el Servicio Médico Forense a través del área de Comunicación Social de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, fue estrangulado en su celda del Cereso el pasado 8 de julio del presente año.

La queja interpuesta por la presunta tortura del detenido conocido como “El 7” ante la CNDH, y que cuenta con sellos de recibido por parte de la oficina local de este organismo, narra que “Al entrevistarme con él me platicó que los militares se lo habían llevado a la guarnición militar y que los cuatro días lo estuvieron golpeando mucho, y como se negaba a aceptar los delitos que los soldados le imputaban, llegaron al extremo de desnudarlo para introducirle por el ano una espada a la que le daban vueltas, causándole graves lesiones”.

Desde entonces, El Diario también tuvo acceso a datos extraoficiales que indican que uno de los delitos que Soto Arias fue forzado a confesar fue el del periodista Armando Rodríguez –y así se asentó en el editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?”, difundido el pasado domingo 19 de septiembre por este medio.

“Contamos con información de que se anda buscando un ‘chivo’ expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado”, indicó El Diario en el editorial, con base en los datos obtenidos precisamente sobre “El 7”.

El apodo de “El 7” apareció ayer en el primer comunicado girado por la PGR para reportar los avances que dice tener sobre el homicidio de Armando Rodríguez.

“Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un presunto participante de este asesinado conocido como ‘El 7’, quien iba manejando el vehículo en el que viajaban los agresores del periodista”, dice el comunicado emitido por la PGR ayer alrededor de las 9:30 horas.

Soto Arias fue presentado por el Ejército Mexicano ante los medios de comunicación en la guarnición militar de esta ciudad el pasado 17 de marzo, cuando se informó que el detenido –y otros tres individuos– habían participado en el homicidio de 15 personas en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.

La presentación de los cuatro, de hecho, se dio un día después de la tercera visita que Felipe Calderón realizó este año a Ciudad Juárez, cuando anunció que las fuerzas federales habían capturado a un quinto elemento vinculado con la masacre.

En la presentación ante los medios –acto encabezado por la procuradora Patricia González y por el general Felipe de Jesús Espitia, entonces jefe de la V Zona Militar– Soto Arias fue interrogado por un agente del Ministerio Público, ante quien confesó haber participado en los hechos de Villas de Salvárcar y, también, en el homicidio de seis personas asesinadas en el bar Amadeus, ubicado en esta frontera.

Un día después, Soto Arias fue presentado ante un tribunal de garantía por los hechos del Amadeus –ocurridos el 4 de noviembre de 2009– y, el 23 de marzo siguiente, quedó formalmente vinculado a proceso por ese crimen después de que el Ministerio Público mostró un video del interior del bar en el que, presuntamente, se le observa disparar contra una de las víctimas.

El 5 de julio siguiente, Soto Arias fue finalmente sometido a una audiencia judicial por el caso de Villas de Salvárcar, hecho al que quedó vinculado a proceso –nombre que da el sistema judicial de Chihuahua al “auto de formal prisión”– en una audiencia judicial en la que se le señaló como autor material e integrante del grupo conocido como “La Línea”.

En las audiencias judiciales –realizadas en una sala del Centro de Readaptación Social estatal, donde a la fecha continúa recluido– la parte acusadora informó que Soto Arias –siempre identificado también como “El Arnold” o “El 7”– fue detenido el 16 de marzo por elementos del Ejército Mexicano, quienes, al revisar su camioneta durante un retén, le encontraron un fusil Ak-47.

La denuncia ante la CNDH

En la denuncia interpuesta el 29 de junio ante la CNDH, la parte quejosa menciona que Soto Arias fue trasladado de las instalaciones del Cereso estatal a la guarnición militar, donde, de nuevo, fue sometido a torturas para que se inculpara de otros cargos.

“Llamó (…) para decirme que efectivamente los soldados lo habían sacado ayer del CERESO y se lo habían llevado a la guarnición militar, donde de nueva cuenta lo estuvieron golpeando mucho para obligarlo a firmar unas hojas y que fue hasta en la madrugada del día de hoy que lo regresaron al Cereso, donde se encuentra golpeado y adolorido, además de que personal de la SEDENA lo amenazó que iban a volver por él”, dice la queja.

La parte denunciante, de acuerdo con los documentos que obran en poder de El Diario, recibió el pasado 4 de agosto una notificación por parte de la CNDH, en la que esta dependencia reporta haber admitido la queja.

Armando Rodríguez fue asesinado con disparos de un arma nueve milímetros la mañana del jueves 13 de noviembre de 2008, cuando se encontraba en su vehículo, en el exterior de su vivienda y junto a su pequeña hija.

Dedicado a la fuente de información de seguridad pública durante más de 10 años, Rodríguez fue autor de varios análisis y estadísticas que, durante una década, dieron una dimensión del imparable avance de la violencia en Ciudad Juárez.

Desde el día posterior al crimen, El Diario publicó una nota que, a consideración de los periodistas de este medio, fue una de las notas de mayor riesgo debido a que mostraba los vínculos con el narcotráfico de algunos familiares políticos de la procuradora estatal Patricia González.

“El 10 de marzo del 2005, Andrés Sánchez Pineda, sobrino del juez Séptimo Penal, Javier Pineda Arzola, y de la procuradora Patricia González, fue detenido en El Paso, Texas, en posesión de 162 kilos de mariguana, y en su declaración realizada a las autoridades estadounidenses afirmó que la orden la recibió de Marco Alfredo Silva Chavero, hermano de otro de los victimados en el Panorámico, de nombre Alberto”, decía uno de los párrafos del artículo firmado por Rodríguez y publicado como nota principal de este medio el 29 de octubre de 2008, dos semanas antes de que el reportero fuera asesinado.

“Este no es el primer caso criminal que involucra a un miembro de la familia del juez Pineda. El 26 de mayo del año en curso se dio a conocer la detención de su hermano, Armando Pineda Arzola, por portar 33 envoltorios con cocaína y uno con mariguana”, agregó el artículo de Rodríguez Carreón.