Tribunal Supremo da vía libre a la N.R.A. para impugnar la Primera Enmienda

La Corte Suprema se puso del lado de la Asociación Nacional del Rifle el jueves, diciendo que podía presentar una demanda de la Primera Enmienda contra un funcionario del estado de Nueva York que había alentado a las empresas a dejar de hacer negocios con ella después del tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida.

La jueza Sonia Sotomayor, escribiendo para un tribunal unánime, consideró que la N.R.A. había alegado de manera plausible una violación de la Primera Enmienda, enviando el caso de vuelta al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, en Nueva York, para más procedimientos.

La NRA, al solicitar al Tribunal Supremo que conociera del caso, citó lo que describió como el enorme poder regulador de la funcionaria estatal, Maria T. Vullo, ex superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. La NRA acusó a la Sra. Vullo de aplicar "tácticas de presión -incluidas amenazas por la espalda, cartas de orientación ominosas y aplicación selectiva de infracciones normativas-" y advirtió de las amplias consecuencias de una sentencia en su contra. Una decisión judicial a favor de Vullo, advirtió el grupo, abriría la puerta a que funcionarios del gobierno hicieran peticiones similares sobre cuestiones candentes como el aborto y el medio ambiente.

La Sra. Vullo se ha opuesto en los tribunales a las acusaciones de la NRA de que ha socavado la Primera Enmienda.

El caso comenzó en 2017, cuando el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York empezó a investigar un producto de seguros conocido como Carry Guard, que ofrecía cobertura para diversas cuestiones derivadas del uso de un arma de fuego, como lesiones personales y defensa penal.

El programa estaba intermediado, atendido y suscrito por compañías de seguros e incluía el nombre, el logotipo y el endoso de la N.R.A.

El departamento regula más de 1.400 compañías y más de 1.900 instituciones financieras. Llegó a la conclusión de que Carry Guard infringía la ley estatal de seguros, en parte por ofrecer cobertura de responsabilidad civil por lesiones derivadas del uso indebido de un arma de fuego. El departamento firmó decretos de consentimiento con los grupos aseguradores e impuso sanciones civiles.

Después de un tiroteo masivo en 2018, cuando un ex estudiante abrió fuego en una escuela secundaria en Parkland, Florida, el departamento comenzó a reevaluar "las implicaciones de las relaciones de las entidades reguladas con las organizaciones de promoción de armas", según los archivos legales de la Sra. Vullo.

El departamento emitió dos memorandos, uno para las compañías de seguros y otro para las instituciones financieras, titulado "Orientación sobre la gestión de riesgos en relación con la N.R.A. y organizaciones similares de promoción de armas."

Estos documentos animaban a las instituciones reguladas a "revisar cualquier relación que tengan con la N.R.A. u organizaciones similares de promoción de armas."

El caso Vullo es uno de los dos relativos a cuándo la promoción gubernamental cruza la línea constitucional hacia la coacción.

El otro, Murthy contra Missouri, se refiere a la presión ejercida por los estados liderados por los republicanos para frenar los esfuerzos de la administración Biden por reprimir lo que consideraba desinformación en las redes sociales.