Chihuahua considerado estado de emergencia

No se justifica con el terror vivido por la población el hecho de que se quiera declarar a Chihuahua como zona de emergencia, así lo dio a conocer José Luis Armendáriz, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De considerarse así, se suspenderían las garantías y derechos dentro del estado para hacer frente al peligro existente. De esta forma, la libertad de acción de los organismos judiciales y legislativos no estaría restringida por el respeto a la propia libertad de los individuos, y de la población en general.

Armendáriz consideró esta posibilidad de declarar zona de emergencia a Chihuahua y Juárez como un atraso pues son los derechos humanos una gran conquista histórica, ganada con sacrificio y esfuerzo. “No creo que sean las garantías individuales las que obstaculicen con el trabajo policíaco”, agregó.

Recomendó que antes que nada deben de revisarse a fondo los procesos y los manuales operativos de la policía para implementar la efectividad en sus operaciones y que no tengan que atenerse de la violación de la libertad de los ciudadanos, como lo sería en el caso de aplicarse la inviolabilidad de domicilio y los llamados “actos de molestia” como la inspección de vehículos y pertenencias personales, agraviando incluso la integridad física de la persona. Al respecto, declaró el presidente de la CEDH, “la suspensión de garantías debe ser la última opción” en cuanto a modelos de aplicación de justicia.

Entre las consecuencias que acarrearía el que se haga de Chihuahua un estado de emergencia, José Luis Armendáriz mencionó las siguientes. Primero en el aspecto de la macroeconomía, ya que se confirmaría la imagen tan dañada que se tiene en el exterior de Chihuahua, lo cual afectaría a la inversión extranjera y al turismo.

En materia de asuntos humanos, recalcó que el daño sería para la población, la cual tendría que soportar constantes y a veces inmotivados actos de molestia, dejando en los ciudadanos una “mala enseñanza de la cultura de la legalidad”, en palabras de Armendáriz, donde la ley es vista como enfadosa, abusiva e inoportuna.

En el tema de la modificación del artículo 102 para la elección de los titulares de los organismos de protección a los derechos humanos por medio de elecciones públicas, aseveró Armendáriz proclamarse a favor de la disposición pues ello fortalecería la estructura de la institución y sería un acto grande de legitimación por parte de la CEDH al someterse a consenso público. Concluyo que aún desconoce cómo se va hacer dicho consenso, si por medio de los institutos electores, si de forma directa o aleatoria.