Comenzar por el principio

En medio de todo este relajo “¿No habrá alguien que ponga una bomba para terminar con el desorden?” (Quino). Los ciudadanos “de a pie” estamos ya verdaderamente empachados de escuchar a todas horas el griterío que produce el protagonismo de tanto actor social que pretende recibir reconocimientos por sus “aportaciones” dentro de la discusión nacional acerca de la problemática que nos agobia, más resulta que sus aportaciones no aportan absolutamente nada, pues no pasan de ser repeticiones monótonas de un mismo discurso quejumbroso de quienes no pasan de enunciar el problema harto conocido y no proponen soluciones.

Todos estos heraldos de si mismos, por las implicaciones de responsabilidad que de ello derivan, se resisten a reconocer que este estado de cosas tiene origen y causa, sabemos que los problemas no se resuelven simplemente al encontrarles culpables, pero es importante que todos asumamos la parte que nos corresponde de esta responsabilidad compartida porque sólo así adoptaremos la actitud correcta requerida para la solución necesaria.
Hoy el estribillo de moda es repetir como loros que la solución de fondo está en la educación, más nadie precisa ese concepto y este enfoque en vez de aportar unicidad de criterios revuelve más la cosa, pues independientemente de lo que cada quien entiende acerca de lo que significa “educación”, esto ya nomás de entrada levanta roncha sobre todo en el sector magisterial, que sabiendo las que deben, automáticamente reaccionan a la defensiva y obstinadamente se cierran al diálogo en todo el contexto porque consideran que van a resultar afectados en sus intereses.

Para tranquilidad de esos “cabreados” miembros de la sociedad, aquí pretendo ser propositivo y descargar de sus hipersensibles y rebeldes lomos la responsabilidad del evidente desorden educativo imperante en nuestra “antisocial sociedad” (que más que sociedad es un amontonamiento de seres con intereses disímbolos), baste aquí aclarar que para lograr consenso, se debe partir de hacer una precisa distinción entre el amplísimo concepto de lo que es; “educación” y el otro más particular y acotado concepto; “instrucción”, estos dos términos que se insiste en manejarlos como sinónimos cuando tienen sus connotadas diferencias.

Atendiendo a una intención de precisar roles, digamos que la “Instrucción” sería la materia de competencia del sistema educativo en lo particular, entendámoslo como todos aquellos conocimientos científicos trasmisibles que conformaran la currícula necesaria para obtener una especialización laboral y a ello si deberían estar avocados los esfuerzos institucionales.

Mientras que la “Educación” es una tarea más general, relacionada con nuestro acervo ideológico – cívico - moral, labor conjunta cuya responsabilidad principal recae en cada uno de nosotros desde el momento en el que tenemos una necesidad natural de convivir armoniosamente con los demás y aunque ellos (Gobiernos Federal y Estatales a través de las Secretarías de Educación Pública y también el Magisterio) como instituciones facilitadoras de las soluciones que demanda el pueblo, también llevan una carga de responsabilidad, esta es secundaria pues serían solamente coadyuvantes y reforzadores, de una iniciativa primordialmente concerniente a la sociedad civil. La definición de “educación” se parecería más a todo aquello que fuera el adquirir las habilidades y conocimientos que normaran nuestras conductas personales de tal forma que armonizaran unas con otras a fin de que fuéramos capaces de establecer una convivencia pacífica y respetuosa entre todos los individuos que la conformamos.

No se trata de volver a inventar el hilo negro, de hecho ya existe el material que es piedra angular para este propósito, basta que regresemos a las bases que tenemos olvidadas, a estas alturas ¿quién recuerda ya aquella materia que se llevaba a niveles primaria y secundaria en el antiguo sistema educativo? La llamábamos genéricamente “Civismo” y se estableció con el propósito de brindar a los escolares los criterios básicos para saber relacionarse con éxito en cuanto tuvieran contacto con el resto de la sociedad. Por decirlo así, las clases de civismo eran la argumentación práctica del principio básico planteado en la célebre frase juarista “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Pero luego vimos como a capricho de cada gobernante se desvirtuaba la intención original y entonces todas esas horas/clase se aprovechaban para someter a las mentes juveniles a un disimulado adoctrinamiento ideológico afín al régimen en turno. Por eso se trataría de retomar el espíritu original de esa instrucción para marcar un parte aguas y resarcir la falta de información de la que adolece hoy nuestra población, más no sólo las juventudes, pero también la población que hoy es adulta y que no recibió esta formación, para lo cual los medios de comunicación con su innegable poder de penetración, debieran sumarse en una intensiva campaña de reforzamiento de esos valores hoy tan soslayados.

Desde el terreno de competencias gubernamentales, a cada presidente municipal debería quedarle bien claro que por ser el nivel de gobierno más cercano a la población, su primera e ineludible obligación es la de reforzar la educación de sus gobernados para garantizar su calidad de vida y esto lo deben hacer mediante la diligente vigilancia de las policías municipales aplicando con severidad las regulaciones de la vida cotidiana con la aplicación severa y constante de la ley ¿Quién se acuerda ahora de aplicar sistemáticamente el “Bando de Policía y Buen Gobierno”, en el que basaban su rutina operativa las corporaciones policíacas a fin de mantener el orden y la concordia entre la ciudadanía, mismo bando que fue ley vigente y operante durante décadas brindando excelentes resultados puesto que mantenía vigente en la memoria de los moradores en los barrios el respeto a los elementales límites de consideración a sus vecinos.

Este bando sufrió una degradación a grado de inoperancia, cuando las regidurías y las sindicaturas perdieron su autonomía de gestión al renunciar a su calidad de autoridades paralelas y convertirse en satélites y por lo tanto avales incondicionales de las administraciones, municipales, ya que como parte de sus renuncias tuvieron que abstenerse de exigir la aplicación del bando policiaco para no ir a afectar los compromisos de facto de los alcaldes, quienes flexibilizaron con convenenciera tolerancia este reglamento para complacer a los grupos de malvivientes y vándalos a los que en otro plano brindaban protección para poder utilizarlos como grupos de choque a los que azuzaban para reprimir a sus oponentes políticos durante las campañas electorales, fue entonces que las corporaciones policíacas empezaron a recibir ordenes de “no molestar” a los malandros que a su vez SI molestaban a los vecinos en los barrios y colonias.

Los resultados de esta discrecionalidad están a la vista y son la principal causa de la descomposición social que hoy nos golpea. Como resultado colateral de esta realidad, entre una gran parte de la ciudadanía, corre como si fuera verdad absoluta, el falso concepto de que “la calle es libre” y por eso todo mundo se siente en el inalienable derecho de hacer en las calles lo que se le pegue en gana, desde formar pandillas de jóvenes y adultos para estar ingiriendo bebidas alcohólicas y escandalizando con música a todo volumen hasta altas horas de la noche en plena vía pública, importándoles un cacahuate la tranquilidad y el derecho a descanso del resto del barrio.

Derivado de la misma apreciación equivocada de esa supuesta libertad en la calle, es que tenemos a las hordas de vendedores ambulantes apostados por toda la ciudad, obstaculizando el libre tránsito, amafiados en pequeñas o grandes asociaciones informales que le rinden tributo económico y pleitesía de incondicionalidad a sus líderes pero que por otra parte evaden el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para con el municipio que los acoge al que por otro lado le demandan servicios y garantías pero sin aportar sus contribuciones obligatorias.

Partiendo de estos ejemplos particulares que sólo son muestra de muchas otras situaciones irregulares que forman parte del problema general de avance de la delincuencia, a todos nosotros debiera de quedarnos bien claro algo que no tiene mucho que discutirse; cuando las leyes que nos rigen hablan de garantías y derechos ciudadanos, jamás dicen que las calles sean territorio de nadie y que su uso sea al libre albedrío y capricho de cada uno de los habitantes del territorio. Cuando en nuestra ley se consagra el principio de libertad nunca se menciona que sea irrestricto, queda bien entendido que es una libertad acotada por el respeto a los derechos de los demás y en ese marco se enuncia que las calles son consideradas como “VÍAS DE LIBRE TRÁNSITO” por lo que la correcta interpretación de este tema es que están hechas para que por ellas CIRCULE libremente la población ya sea como peatones o a bordo de vehículos, que no es lo mismo que abrogarse un permiso implícito para apoderarse de ellas y darles el uso que mejor le parezca a los particulares y al hacerlo hasta se contravenga el derecho al libre tráfico en cuanto que la presencia de individuos o de grupos impida o estorbe el paso a cualquier ciudadano.

La omisión de la aplicación de la ley de parte de los representantes de la autoridad y el abuso creciente de una población a la que no se le marcan límites, ha generado una condición generalizada de costumbre a violar impunemente las reglas más sencillas, esto a su vez propicia este ambiente pre-delictivo imperante en el que al menor descuido lo más fácil sea que las que empiezan como simples infracciones, fácilmente se conviertan en francos delitos de toda índole como ahora ya está a la vista.

Si hubiera conciencia y voluntad política para regresar a los sustratos elementales del derecho y ello se tradujera en una mejora de las condiciones de coexistencia, las autoridades municipales y estatales serían las primeras en tomar medidas al respecto, más localmente nadie se ve dispuesto a tomar el costo político de estas acciones temiendo la reacción electoralmente adversa de una población acostumbrada a vivir en el desorden a la que se de pronto se quisiera meter en cintura, la falta de carácter de los funcionarios responsables de la aplicación de las leyes, hoy más enfocados a obtener simpatías electorales que a exigir responsabilidad a la ciudadanía, la perniciosa influencia chantajista ejercida por los mal entendidos “liderazgos sociales” que hacen alianzas cada vez más cercanas con la delincuencia organizada, hace que el panorama de solución se antoje inviable.

Más todas las cosas caen por su propio peso y no está muy lejano el momento en el que ante esta creciente situación de ingobernabilidad generalizada por falta de... méritos, veremos como sin mediar una transición amable y controlada, de todas formas otro nivel de gobierno con mayor determinación, tenga que recurrir al uso enérgico de la fuerza del Estado para conminar a la población a retomar sus responsabilidades y a participar en forma positiva evitando transgredir las leyes y reglamentos para que podamos todos retornar al estado de derecho, que es la única forma de garantizar la apacible convivencia entre la ciudadanía y si no por convencimiento ya por la fuerza, todos debamos retornar a las buenas costumbres y re-comenzar por el principio.