Cortes deben combatir violencia política hacia mujeres

El día de hoy tuvo lugar el Seminario Internacional “Violencia política contra las mujeres en América Latina: diagnósticos, diálogos y estrategias”, convocado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En el marco de dicho evento, se llevó a cabo el panel titulado “Mujeres en sociedades patriarcales y excluyentes: acciones concretas para erradicar la violencia política desde los gobiernos, el poder judicial y la sociedad civil” en el que participaron la magistrada María del Carmen Alanis, Inés Castro Apreza, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva; y Alejandro Porte Petit, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, bajo la moderación de Sandra Serrano García, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

La magistrada Alanis aplaudió la iniciativa de abrir espacios para buscar formas de atender la violencia política, por ser un tema de gran relevancia, y recordó que el pasado 15 de octubre, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia Política y el Acoso Políticos contra las Mujeres”; muestra del interés regional de resolver este tema.

Asimismo, durante su intervención ofreció un análisis del papel del Poder Judicial frente a la violencia política. Consideró que éste puede darse en tres niveles, todos ellos enfocados al acceso efectivo a la justicia para las víctimas. El primero tiene que ver con la prevención de daños mayores para las mismas, por medio de órdenes de protección; el segundo con la atención y resolución de los casos a partir del juzgamiento con perspectiva de género y, el tercero, con el establecimiento de precedentes judiciales.

Además, enfatizó que el compromiso jurisdiccional con la atención adecuada de la violencia política, pasa por un compromiso de congruencia de lo que órganos judiciales –incluso electorales y partidistas- trabajan para que en su interior existan ambientes laborales libres de violencia y discriminación.