Culpa la Federación a estados por crimen

Distrito Federal— El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, señaló ayer que los delitos que más afectan a los ciudadanos en el país son los del fuero común, los que corresponde investigar a las procuradurías estatales.

Durante su comparecencia ante senadores y diputados federales, tácitamente acusó a los estados al destacar que más allá de los delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones, las estadísticas ubican al robo como el peor problema al que se enfrentan los ciudadanos del país, así como otros delitos del fuero común, como los homicidios.

“El índice delictivo, hoy en el país, en 93% corresponde al fuero común, esto es principalmente robo, robo a mano armada, robo con violencia, robo de vehículo, robo de carga, robo de valores, robo de banco en todas sus modalidades”, indicó el funcionario federal.

En su exposición ante la Primera Comisión de la Permanente, dijo que el hurto es la base de la evolución criminal, ya que los delincuentes se inician con el robo de casas-habitación, transeúntes o autos.

Y es que, aseguró, del 2000 al 2009 los robos denunciados aumentaron en 31 por ciento y, sólo el año pasado se reportaron 672 mil 411, lo que representa el mayor problema de los ciudadanos.

Insistió en que del total de denuncias en el ámbito estatal y federal, el 93% correspondieron al fuero común y sólo el 7% restante se relacionan con el fuero federal.

Aunado a ello, del total de delitos, 78.8 por ciento correspondió al robo, 3.1 por ciento a lesiones; 0.5 a secuestros y el 17.7 por ciento a otros ilícitos.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) reconoció que el consumo de drogas en el país se ha incrementado y actualmente más de 1.7 millones de personas han probado cocaína y 3 millones mariguana, mientras que el consumo de las anfetaminas pasó de 0.1 en 2002 a 0.5 por ciento en 2008.

“En Estados Unidos existen cerca de seis millones de consumidores de cocaína y 25 millones de mariguana. La utilidad generada por cada kilogramo de cocaína colombiana colocada en Estados Unidos es de más de 95 mil dólares, mientras que en Europa es de casi 100 mil dólares”, comparó el secretario.

En relación con el delito de extorsión, García Luna afirmó que se registró en el 2009 un total de un millón 523 mil 084 llamadas, las cuales fueron recibidas en el Centro Nacional de Denuncia de la Policía Federal.

Además, el funcionario federal hizo un análisis sobre la estructura de la Policía en el país y refirió que existen cerca de 400 municipios que no cuentan con un cuerpo de seguridad pública propio y sólo 12 de los 31 estados cuentan con cuerpos policiales en todos sus municipios.

En tanto, advirtió, aproximadamente 60 por ciento de los policías municipales reciben salarios menores a cuatro mil pesos mensuales; 38.4 por ciento percibe menos de 10 mil pesos y el 0.7 tiene ingresos superiores a 10 mil pesos.

Por lo que hace al nivel de instrucción del personal de seguridad pública municipal, 68.3 por ciento tiene educación básica, 25.2 media superior y 4.5 tiene estudios superiores, mientras que 1.9 no cuenta con instrucción escolar o es analfabeto.

Sobre el sistema penitenciario explicó que nuestro país cuenta con una estructura conformada por 431 centros distribuidos con una capacidad para 172 mil 996 internos; sin embargo, existe una sobrepoblación de 57 mil 483 internos, lo que representa 33.23 por ciento.

Señaló que para renovar y consolidar la política de Estado en materia de seguridad, es necesario un mejor marco legal para garantizar la permanencia, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, así como la protección de los sistemas de información criminal, esto es, la inversión, desarrollo y tecnología que se ha construido para tener a largo plazo.

Para ello, dijo, es necesario que se legisle para garantizar la protección de esos datos con los que hoy en día se cuenta.

También refirió que se debe institucionalizar la fuerza policial en todo el país, crear una política permanente para exista inversión que permita contar con policías que tengan educación superior.