Derecho a la vida es derecho a alimentación

La gente puede esforzarse por alimentarse sana y suficientemente, pero el mercado puede ir en sentido contrario. El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, para afectar a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.

No es que no haya alimentos suficientes, ni que la gente no trabaje para comprarlos. Lo que sucede es que se confabulan cuatro factores para que la gente no tenga para comer: a) El salario no es remunerador como señala la Constitución: b) Los alimentos, como dijimos, son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) El gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria y comercial que nos hace importar el 42% de lo que nos comemos y, d) El propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de vacas flacas ( y bolsillos gordos para unos cuantos).

Es decir, los gobiernos de casi todo el mundo y muy especialmente, el gobierno de México, mediante los tratados de libre comercio y un manejo mercantilista de la política agrícola y alimentaria, se subordinan a los intereses de las grandes empresas productoras, comercializadoras y acaparadoras de alimentos básicos. Con esto, puede ser que obtengan más dólares pero crece el número de gobernados desnutridos o malnutridos. La balanza de pagos contra la balanza de la salud de las personas.

Por esto, varias organizaciones sociales mexicanas, entre las que sobresale el Frente por el Derecho a la Alimentación (FIAN) llevan años luchando para que este derecho se consagre en nuestra Carta Magna. Por fin lograron, que la Cámara de Diputados aprobara una minuta por la que establece este derecho a nivel constitucional, reformando dos artículos:

Al artículo 4º. Constitucional se le agregaría el siguiente párrafo: “El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.” Y al Artículo 27 Constitucional en su fracción XX se le agregaría un segundo párrafo en estos términos: “El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Sin embargo, a la hora de llevarse la reforma aprobada a la Cámara de Senadores, las y los legisladores de Acción Nacional piensan en sentido contrario a sus homólogos blanquiazules en San Lázaro y se oponen a la reforma que consagra constitucionalmente el derecho a la alimentación.

Seguramente piensan que con esta reforma, el Estado se va a convertir en un gigantesco repartidor de despensas, habilidad en que los priístas llevan una enorme delantera. Pero no es así, el que no sólo se reforme el artículo 4º. Constitucional, sino también el 27 obliga al Estado a cambiar drásticamente su política agroalimentaria: en lugar de orientarla a producir alimentos para la exportación, lo obliga a orientar su política de desarrollo rural a garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para nuestra población. No se trata principalmente de dar pescados, sino de garantizar las condiciones para que haya pescados y todo mundo pueda pescar.

A los opositores panistas les parece demasiado consignar el término “garantizar” la alimentación” en nuestra Carta Magna. Pero no les parece demasiado que en la propia Constitución se haya establecido que el Estado “garantizará el financiamiento a los partidos políticos”. Partidos ricos, ciudadanos hambreados.

Garantizar el derecho a la alimentación sana y suficiente es garantizar el derecho a la vida digna, que digan si no los nutriólogos, los perinatólogos, los pediatras, los psicólogos. No fustigando a las mujeres que se deciden a abortar, sino creando las condiciones para que las y los mexicanos que viven, vivan con dignidad, es como se demuestra si se está o no por la vida.