Exámenes de confianza a servidores públicos

“Reza una máxima legislativa que dice “las leyes deben adecuarse a la realidad social”, y ese es, precisamente, el fin que busca esta iniciativa; enfrentar una situación critica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras, y que desafortunadamente ha logrado permear a las esferas gubernamentales, provocando con ello, una estela de corrupción e impunidad”, señaló el diputado Fernando Álvarez Monje, en conjunto con el diputado Andrés de Anda Martínez, al presentar un proyecto de decreto para implementar exámenes de confianza a quienes pretendan ser servidores públicos.

Ambos legisladores panistas señalaron que el pasado mes de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación , el ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD , LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD , suscrito por los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión , Poder Judicial federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas.

Señalaron que en dicho acuerdo se establecen los exámenes de confianza como requisito para servir a la sociedad en materia de seguridad pública y “proponemos que los exámenes de control de confianza que actualmente se están aplicando a los cuerpos policíacos, trasladen su obligatoriedad a una norma de carácter general, con el ánimo de buscar su permanencia; de igual manera, se propone a fin de cerrar el circulo, que dichos exámenes se apliquen como requisito para aquellos funcionarios de primer nivel que pretendan ingresar a prestar sus servicios a los tres poderes del estado, a los organismos constitucionales autónomos y a los ayuntamientos del Estado, ello, sin perjuicio de los requisitos que actualmente prevé la normatividad correspondiente”.

Agregaron que esta propuesta obedece a que la corrupción e impunidad que actualmente estamos padeciendo no es exclusiva de los cuerpos policíacos, pues, desafortunadamente hemos sido testigos que recientemente un funcionario con labores distintas a los policíacos fue aprehendido por delitos inherentes al crimen organizado, por lo tanto, es importante e impostergable garantizarle a la sociedad que sus servidores públicos de carácter estatal o municipal, sean personas no solamente aptas para la prestación del servicio, sino honestas, limpias y comprometidas con la vocación de la función pública.

“Estimamos, entonces, ampliar la obligación de los exámenes de control de confianza a los aspirantes a cargos de elección popular, pues son estos potenciales representantes populares quienes moral y éticamente están comprometidos a poner el ejemplo a toda la comunidad de los servidores en el estado y municipios y decirles mediante este acto cívico que se encuentran física y emocionalmente aptos para el ejercicio público que les fue conferido, no solamente para inspirar confianza a los ciudadanos, sino como una acción que contribuya a fomentar una cultura contra la corrupción e impunidad.