Fracasa el Gobierno Estatal

El principal emblema de la administración del gobernador José Reyes Baeza Terrazas ha caído. El fracaso es evidente y han sido tirados a la basura 1,630 millones de pesos, en un proyecto que no ha funcionado.

Habiendo participado en este plan toda una generación de abogados priistas que hoy acumulan experiencia en la dirección de la entidades públicas que manejan la procuración y administración de la justicia en el estado de Chihuahua, hoy el gobernador y la mayoría tricolor en el Congreso del Estado tienen que reconocer que es necesario iniciar la reconstrucción inmediata de este ente denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El diseño de esta estructura penal parecía perfecto o cuando menos excelente.

Durante los últimos dos años la procuración y la administración de la justicia estatal fue llevada como ejemplo a otros estados de la República e incluso a otros países latinoamericanos.

Ante el fracaso a la vista, hoy los defensores a ultranza de la imagen del gobernador Baeza Terrazas, buscan chivos expiatorios para esconder el derrumbe de este fallido proyecto legal y en voz del diputado local Jorge Neaves Chacón, que como abogado nunca vio venir el colapso, ahora anuncia lo que probablemente pudiera tipificarse como una cacería de brujas.

El legislador priista confiesa una depuración de agentes del ministerio público y funcionarios de la procuraduría estatal, como supuestos responsables del fracaso, alegando que como operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, nunca se convencieron de su aplicación.

Acusa sin pruebas, el gobierno del Estado a agentes del ministerio público, funcionarios penales y jueces de incompetencia y los señala de traidores porque el poder priista acusa sin comprobar, que estos trabajaron en forma abierta para hacer fracasar al ya famoso nuevo sistema de justicia penal.

Con la propuesta gubernamental de iniciativas para modificar las leyes en las que se sustenta el sistema, se intuye que el fracaso de este proyecto se debió a un mal diseño y a una aprobación precipitada y sin análisis por parte del Congreso del Estado de mayoría priista.

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