HRW urge a proteger a activistas del estado

Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de México investigar de inmediato y de forma imparcial los ataques contra defensores de derechos humanos en el estado, que dejan en claro la necesidad de que en el país se adopte un mecanismo de protección para estos activistas.

"¿Cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad?", se cuestionó José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de HRW al fijar la posición de la organización.

Recordó que tan solo los ataques más recientes, ocurridos el 15 y 16 de febrero pasado, las viviendas de las defensoras de derechos humanos María Luisa García Andrade y Sara Salazar, quienes trabajaban para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fueron incendiadas en dos incidentes distintos.

La organización acusó en un informe difundido este miércoles que las autoridades federales y de los estados no han adoptado medidas adecuadas para brindarles protección a ninguna de los activistas en la entidad, a pesar de que en algunos casos la Comisión Internamericana de Derechos Humanos pidió este tipo de apoyo.

Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer señaló que los reiterados pedidos presentados ante las autoridades para que protegieran las ventanas de sus oficinas con rejas e instalaran cámaras de seguridad habían sido ignorados, y que finalmente el Centro financió estas medidas con fondos propios. Afirmaron que el número telefónico para emergencias proporcionado por el gobierno del estado no funcionaba desde julio de 2010, cuando el actual gobernador César Horacio Duarte Jáquez inició su mandato.

"Los ataques contra defensores de derechos humanos en Chihuahua evidencian la necesidad urgente de que el gobierno de Calderón trabaje con la sociedad civil en la creación de un mecanismo que proteja a los defensores de derechos humanos y a sus familiares", afirmó Vivanco, quien recordó que HRW ha documentado en reiteradas oportunidades que las autoridades no han adoptado las medidas necesarias para proteger a defensores de derechos humanos que están en riesgo.

Indicó que poco después del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhortó a México a: "adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Esto incluye la necesidad de implementar una política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas.

Vivanco indicó que "un mecanismo de protección efectivo deberá incluir funciones de prevención, protección e investigación, ser de jurisdicción federal y contar con suficientes recursos e independencia (...) "Si el gobierno tiene la intención de diseñar un mecanismo de protección que realmente funcione, las organizaciones de derechos humanos deberán participar en todos los aspectos de su diseño, implementación y seguimiento"