Habrá reforma de medios

La semana pasada tuvieron lugar, en reiteración de un exitoso método de organización legislativa, las reuniones previas que a cada inicio de sesiones en el Congreso organizan los grupos parlamentarios más importantes, del PAN, PRI y PRD. La nota de estos encuentros suelen ser los destinos turísticos y hoteles que se escogen para llevar a cabo lo que se supone son maratónicas sesiones de trabajo y, entre los cuales, la playa no suele ser el mejor ambiente para la concentración que requiere pensar mejores leyes para la República.

Sin embargo esas reuniones, tan criticadas, suelen tener mejores resultados de lo que se creería. Las bancadas se reúnen para deliberar los asuntos que consideran prioritarios de abordar en el periodo ordinario de sesiones inmediato, y es donde se arman los aquelarres internos y se definen los temas de la agenda legislativa que suponen el impulso de todos los integrantes del grupo.

Las plenarias de la semana pasada tienen una relevancia singular, pues han definido los asuntos para lo que técnicamente se asume como el último periodo ordinario de sesiones en el que podrán producirse reformas importantes con el consenso de las principales fuerzas parlamentarias. Resulta lamentable tener que aceptarlo pero así es, los asuntos que no resuelva el Congreso entre este 1 de febrero y hasta el 31 de abril, tendrán que esperar a la otra Legislatura. Pasada esa fecha los partidos entran a navaja limpia a la competencia electoral para buscar la mayoría de la Cámara de Diputados.

A pesar de ese agotamiento anticipado —en el que tampoco desestimo la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones antes de julio—, ha surgido un dato muy esperanzador: los tres partidos han acordado en sus reuniones previas que cumplirán su palabra de ir a una legislación a fondo de la radiodifusión y las telecomunicaciones, y que en este periodo veremos cerrado un capítulo vergonzoso de desfasamiento jurídico y de atraso político que tenemos los mexicanos con el mundo democrático, en cuanto a la garantía del derecho a la información y la posibilidad de un modelo comunicacional de servicio público que abra la interconexión de redes en telecomunicaciones y la competencia de nuevos jugadores en la radio y la televisión.

Desde el 4 de julio de 2007, que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República aprobó la conformación de un Grupo de Trabajo, “con el propósito de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, como consecuencia de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el 7 de junio de ese año, daba la impresión de que conforme avanzaba el tiempo ese impulso perdía vuelo. Sobre todo tras la aprobación de la trascendental reforma constitucional y legal en materia electoral, algunos legisladores dieron por sentado que con esas reformas daban el paso que a ellos correspondía y se asumieron satisfechos al colocar las bases “liberadoras” para una posterior reforma de los medios. A otros, la ofensiva mediática de la televisión por esas reformas les aflojó el resorte de la valentía y el arrojo con que se resolvieron frente al chantaje y la amenaza.

Lo importante es que los tres principales grupos parlamentarios han coincidido en afirmar que, la reforma de la Ley de Radio y la Televisión es el trabajo complementario que deben realizar para la consolidación de un sistema auténticamente democrático, en el que los medios juegan un papel esencial. Que sin esta reforma, no sólo quedaría trunco el propósito de las nuevas reglas electorales, sino quizá condenadas a un fracaso y mayores condiciones de inequidad al dejar en manos de unos cuantos el manejo informativo de las campañas. En esto, el veto que recae por parte de las televisoras sobre los líderes parlamentarios del PAN y el PRI, Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, ha sido ejemplar de lo que puede pasarle a cualquier otro actor político, sin la influencia o importancia del encargo que ambos tienen conferido dentro de la representación nacional.

De ahí que de cumplirse lo ofrecido y conforme al calendario de trabajo por ellos aprobado el 7 de septiembre pasado, los tres presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo García; de Comunicaciones y Transportes, Ángel Eladio Aguirre Rivera, y de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata Perogordo, deberán entregar a finales de este mes una iniciativa que recoja la consulta pública de cinco meses de trabajo, en la que se incluye las iniciativas presentadas antes, así como los estudios y análisis realizados.

Si bien el grupo plural colocó como eje esencial atender de manera preferente “los principios rectores que se desprenden de la resolución de la Suprema Corte”, se comprometió también a legislar sobre jurisdicción y competencia, órgano regulador. Régimen autorizante en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y administración del espectro radioeléctrico. Modernización y convergencia tecnológica. Condiciones para que pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios. Régimen de medios públicos y comunitarios. Contenidos. Sanciones y controversias.

Es de esperarse que así suceda.

Profesor de la FCPyS de la UNAM