“Inseguridad frena el desarrollo de Chihuahua”

Al menos 10 lugares en el índice nacional de competitividad perdió Chihuahua debido a la inseguridad, violencia y acoso del crimen organizado, señaló el ex diputado local y doctor en Sociología, Víctor Quintana Silveyra.

Las afectaciones económicas por los embates del narcotráfico, dijo, son incuantificables al impactar a todos los sectores productivos. A la par, el gobierno ha tenido que redefinir sus políticas públicas para contrarrestar la inseguridad en lugar de buscar desarrollo social.

Quintana toma como base un estudio elaborado este año por el Tecnológico de Monterrey en el que la entidad se ubicó en el lugar 14, cuando años atrás ocupó el segundo sitio.

Para el Instituto Mexicano de Competitividad, Chihuahua cayó de la posición seis (en 2001) a la nueve en este año. Menciona que el estado tuvo en 2008 un crecimiento menor al nacional y una tasa de desempleo de 6.9% (contra 4.1% nacional).

El retroceso, concluye el estudio, se debió a la disminución de la inversión y al incremento en la nómina burocrática, además del impacto por el aumento de la violencia.

Quintana Silveyra dijo que uno de los sectores más afectados es el agropecuario, donde se han dejado de generar miles de empleos debido a la operación de grupos criminales que secuestran y extorsionan a los agricultores.

“Chihuahua es el primer productor nacional de chile jalapeño y de manzana; sin embargo, productores están dejando de cosechar debido a que necesitan contratar cientos de jornaleros y ello implica el manejo de mucho dinero en efectivo para pagarles”, indicó Quintana, también representante del Frente Democrático Campesino.

Esos mismos productores ahora se dedican a sembrar maíz o frijol, que son menos redituables, pero no necesitan contratar tantos empleados. Por ello, miles de jornaleros del centro y sur del país en los últimos dos años ya no encontraron trabajo en los campos chihuahuenses.

Incluso, la constantes agresiones de bandas criminales llevó al gobierno federal a modificar los mecanismos de apoyo a las comunidades marginadas, concretamente de los programas Oportunidades, y 70 y Más.

El personal de la Secretaria de Desarrollo Social sufría ataques al entregar dinero en efectivo a pobladores de la región serrana y los beneficiarios eran víctimas de asaltos, por lo que se tomó la decisión de cambiar las rutas de traslado de dinero, los puntos de pago y las fechas de entrega, reconoció el delegado estatal de la dependencia, Arturo Fuentes Velez.

Ahora se les paga en tarjetas electrónicas, con la que compran víveres en tiendas Diconsa, “lo cual afectó a habitantes de zonas apartadas que se ven obligados a trasladarse hasta las ciudades en lugar de comprar despensa en sus comunidades”.

Burócratas por policías

En las localidades con alto grado de inseguridad se replantean las políticas gubernamentales y se redefinen prioridades. En la capital de Chihuahua, el alcalde Marco Adán Quezada, quien asumió el cargo en octubre, anunció el despido de 500 servidores de diferentes áreas de la administración local con el objetivo de destinar recursos a la contratación de nuevos policías municipales y aumentar el salario a los actuales.

Quintana insistió: “Estamos al borde de decrecer, es urgente resolver el problema, pues todo el aparato gubernamental gira en torno a la inseguridad, hay programas que se abandonan y subsidios que no se entregan, y las prioridades ya no son las de antes, aunque siguen pendientes”.

El gasto más significativo, dijo, lo tienen las familias al contratar seguros de autos, alarmas, enrejados, y las pequeñas empresas al invertir en guardias y cámaras de seguridad.