La persecusión política contra el PAN

Fuertes rumores circulan sobre la inminente salida de Luis Herrera González de la delegación de la SCT, cargo que ocupa desde el 2002.
Cabe destacar que cuando Herrera González asumió la responsabilidad de la Delegación fue recibido con una serie de adjetivos y calificativos por parte del entonces gobernador, Patricio Martínez García, quien acusó al distinguido miembro del PAN de “talibán”, en franca alusión al grupo radical que se apoderó por unos años del gobierno de Afganistán.

Desde su asunción, el Ing. Herrera ha sido blanco de un sistemático golpeteo por parte del gobierno estatal anterior y del actual; si bien, pudieran existir algunos motivos para señalarle al funcionario federal el deterioro que guardan algunos tramos carreteros federales, también es cierto que éstos no son resueltos con la celeridad que reclaman los usuarios de las carreteras, debido principalmente a la falta de recursos públicos suficientes para su mantenimiento.

Recordemos que la gestión de obtener mayores recursos para el mantenimiento de las carreteras federales en la entidad, recae principalmente en los legisladores federales y en el titular de la Secretaría que encabeza el priísta Luis Tellez. Cabe mencionar que la Comisión de Transportes de la Cámara baja la preside el petista chihuahuense Rubén Aguilar Jiménez.

Adicionalemnte, es válido compartir a la ciudadanía que las carreteras federales de Chihuahua cuya construcción y mantenimiento corren por cargo y cuenta de la SCT, no recaudan recursos por concepto de peaje, lo que sí hace el gobierno del estado a través de las casetas de cobro que tiene instaladas principalmente en la ruta panamericana, concretamente 6: la de Sacramento, Villa Ahumada, Saucillo, Camargo, Jiménez y Zavalsa. Estos pagos que hacen los usuarios de las carreteras chihuahuenses al gobierno del estado no son para cubrir los aproximadamente 600 kilómetros de longitud que existen desde la frontera con Durango hasta Ciudad Juárez, sino por pequeños tramos que no superan los 25 kilómetros, tal y como lo se especifica en los recibos de pago y los señalamientos dispuestos en las aproximaciones de las casetas.

Me parece que los detractores del Ing. Luis Herrera no han valorado las circunstancias antes expuestas, pero lo que sí queda muy claro, es que la Teoría de la persecución política a manos del titular ejecutivo estatal en contra de miembros de Acción Nacional, se robustecerá si se confirma la salida del delegado de la SCT; ¿por qué esta afirmación?, muy sencillo de explicar, aquellos funcionarios del PAN que no se arrodillan ante el autoritarismo del Gobernante en turno, al menos de los últimos 9 años, son sometidos a una feroz presión política y mediática, ejemplos: el mismo Luis Herrera González; en su momento la hoy diputada Local Rosa María Baray, que fue despojada momentáneamente de su diputación por el órgano electoral local que encabeza un familiar cercano al mandatario estatal; después tocó el turno al suscrito, quien efímeramente ocupó la delegación del SRA hasta que el gobernador, en un arranque de ira y sin argumento sólido alguno, solicitó la remoción ante el Secretario de la Reforma Agraria; más adelante, fue el delegado de la Procuraduría Agraria el que sufrió los embates del gobierno estatal, afortunadamente, el sí pudo campear la intentona de retirarlo de su puesto; el más reciente intento de desprestigio y persecución en contra de un miembro distinguido del PAN, se centra en la figura del exalcalde Juan Blanco, a quien la primera minoría del Congreso estatal, con la complicidad del Auditor Superior del estado y con la anuencia del gobernador, pretenden llevarlo a la cárcel por supuestos delitos cometidos contra el peculio municipal.

Así pues, con la presunta salida del Ing. Luis Herrera González de la delegación de la SCT culmina una trayectoria política dentro de la administración pública estatal y federal de un hombre, si, polémico en su forma de escribir, en su forma de trabajar, pero más que nada, firme en sus convicciones.

P. D. El intento del gobierno del estado por cobrar nuevamente derechos por reemplacamiento, seguramente provocará un fuerte debate en el Congreso del estado y entre las sociedad en general.