Las acciones que siguen

El 2007 asestó importantes descalabros a algunos grupos de poder fáctico. La reforma hacendaria tocó al poder financiero al someter sus ingresos al Impuesto Empresarial a Tasa Única, con lo que se elimina el anterior esquema fiscal utilizado para evadir el pago de impuestos. Falta el gran reto de combatir con medidas administrativas y leyes generales a los monopolios.

Pero sin duda fue el de los medios de comunicación electrónica el sector de poder fáctico que recibió por parte del Estado la mayor acción reordenadora de su función y actuación en la sociedad. Por un lado, la Corte atajó con su sentencia contra la ley Televisa las pretensiones abusivas del duopolio televisivo que buscaron privilegios y canonjías indebidas, contrarias a la Constitución, en un diseño legal hecho por ellos mismos.

A ese frío cálculo de poder y dinero de una joven generación de concesionarios que se envalentonó con la fuerza que da la tv, sobrevino, y sólo explicable en función de lo que la Corte había hecho, la reforma en materia electoral que hizo del de los medios electrónicos su mayor eje y produjo una importante reubicación de la influencia que se genera en la relación medios-política-dinero.

No es casual que los dos grupos de poder fáctico tocados por el Estado estén juntos resistiendo las reformas electorales con penosos recursos de amparo, en los que ni más ni menos el Consejo Coordinador Empresarial la hace de ariete de las televisoras y repite la cantaleta de que las nuevas normas atentan contra la libertad de expresión. Ineficaz discurso para una hipocresía mayor: la del grupo que en función de sus intereses amenazó el futuro de la competencia, del derecho a la información y la libertad de expresión, y la del organismo empresarial que entonces no dijo ni pío.

Estas dos medidas de poder estatal, lecciones de valor y dignidad políticas de 2007, tienen consecuencias trascendentales para la vida política de México que merecen ser acabadas plenamente. Se requiere que en 2008 se verifiquen las acciones complementarias que equilibren y normalicen la relación del Estado y estos poderosos grupos de interés. No hacerlo podría revertirse contra las mismas reformas pactadas, y los afectados recuperar fuerza para reacomodar sus intereses hacia las elecciones de 2009.

Me refiero a la reforma que sigue: la de telecomunicaciones, radio y tv, esencial para concretar las bases constitucionales en materia electoral y, la más importante para a los ciudadanos, la que establece el derecho a la información como una obligación del Estado. No perdamos de vista que la Corte y el Congreso sólo han detenido los excesos de un modelo comunicacional que se creyó omnipotente, pero persiste la injusticia de su estructura autoritaria dentro de las empresas y su altísimo nivel de concentración, sin garantizarse los derechos ciudadanos frente a los medios ni protección alguna a los comunicadores frente a sus patrones, que con frecuencia se comportan como sus amos. Registremos para la historia el papelón que a muchos de sus conductores los obligaron a hacer en la audiencia con el Senado los directivos de la CIRT, y pensemos, más que en su mermada dignidad personal, en la debilidad jurídica y laboral en que se produce esa obligación.

La reforma prometida en el Senado a las telecomunicacones y a la radiodifusión no puede detenerse; el aliento de ese impulso debe ser recuperado por su propia supervivencia. Lo contrario sería suicida para la fortaleza del Estado, porque dejaría en el actual sistema de medios toda la capacidad y decisión de la información y cobertura de las campañas. Se requiere aumentar el número de participantes en el sector de la tv comercial para que la mayor competencia dificulte la conspiración de unos cuantos contra el derecho a saber y acrecentar el modelo público de radiodifusión, tv y radio, para generar competencia y pluralidad.

Las fuerzas políticas en el Congreso no deben dar pausa ni pretexto para cumplir el compromiso asumido ante la sociedad de culminar el esfuerzo reformador que ya los identifica como una de las legislaturas que puede ser de las más fecundas en la reforma del Estado. No deben dar pie a que se vuelvan a meter las presiones que están ahí, pero que permanecen todavía afuera del proceso legislativo; cualquier excusa de un solo partido les puede regresar su acción de chantaje e intimidación.

Hace una semana, ante tantas preocupaciones genuinas que se nos acumulan, Jacobo Zabludovsky, ojo avizor y quien conoce la entraña del monopolio, advertía: “No nos distraigamos mientras los perdedores van por la revancha. En su reglamentación una ley puede fortalecerse o limitar su eficacia. Lo que ahora se discute no es tan llamativo como lo fue la declaración de la Corte en su momento, pero es igualmente importante. Quizá más, porque es una última oportunidad de contribuir a que la democracia mexicana no traicione su razón de ser: emanar de la voluntad popular permitiendo al ciudadano acceder a los medios para hacer escuchar su voz e impedir, al mismo tiempo, que sigan o vuelvan a ser utilizados en la defensa de pequeños grupos privilegiados, cuya avidez de dinero no conoce límites”.

En efecto, no distraernos con tantos asuntos debiera ser la táctica para una estrategia que sigue siendo la convicción de que la reforma mayor para el sistema democrático es la de los medios. Ahí debiéramos concentrarnos y hacer de 2008 un año para ejercer el mejor sentido de la utopía, como nos lo comparte mi amigo Miguel Rodríguez Villafañe: “La utopía es el sueño del hombre que no pierde la esperanza y la esperanza es un espíritu que imagina futuros mejores”. Hagámoslo. Feliz Año Nuevo.

Profesor de la FCPyS de la UNAM