Niega Congreso dotar de agua “El Porvenir”, acusa diputada

Es una vergüenza que en una entidad como Chihuahua que presume de tener altos índices de Desarrollo Humano- ese incluye salud, larga vida, vida digna, educación, ingresos- existan poblaciones que carezcan de agua potable, como la comunidad fronteriza de “El Porvenir” perteneciente al municipio de Práxedis G. Guerrero, afirmó la diputada Mónica Guerrero Rivera.

Pero más vergonzante resulta que las autoridades que manejan alrededor de 58 mil millones de pesos al años, no prioricen dentro de su gasto inversiones para dotar a las poblaciones de agua potable, como sugieren organismos internacionales, considerando que el derecho al agua es un derecho humano y universal, y peor resulta aún que la Diputación Permanente de Chihuahua se haya negado a apoyar un punto de acuerdo para solicitarle al titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Guillermo Márquez Lizalde y al presidente municipal de Práxedis, Rodrigo Acosta Hernández, para que resuelvan el problema de falta de agua potable, como planteó la diputada del PRD, Mónica Guerrero.

Para la legisladora queda claro que el principal obstáculo para dotar a las poblaciones de la frontera de Chihuahua de agua potable no es un problema de recursos sino de falta de voluntad política, lo que constituye una violación masiva a los derechos humanos y universales del ser humano.

Lamentó la legisladora que la Diputación Permanente haya sido insensible y haya decidido no apoyar el punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a resolver el problema de agua potable de la comunidad en cuestión, con lo que dejan en el desamparo a los aproximadamente mil 300 habitantes, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, de esa comunidad de migrantes, -los hombres trabajan del otro lado- quienes además de sufrir de la inseguridad, -a todos los policías los han matado- de temperaturas de 43 grados centígrados, de escases de lluvias, y de escasa producción dado que viven en una zona desértica, se les niegue también la posibilidad de contar con el vital líquido.

La Comisión de la Diputación Permanente pasa por alto todos los acuerdos internacionales que consideran el derecho al agua de calidad como un derecho humano y universal; ignoran el compromiso de la nación de respetar y pugnar por alcanzar los acuerdos emanados de los diversos foros internacionales que consideran que es deber del Estado dotar de agua a todas las zonas rurales y urbanas, proteger el agua de la contaminación, incluso plantea que no debe negarse el agua de calidad por ninguna razón.

Que se debe dotar de este servicio a las comunidades rurales y se deben fijar acuerdos que defina las responsabilidades de las instituciones que deben de dar cumplimiento a este derecho; se subraya que la normativa debe ajustarse a la realidad y necesidades de la población, y que el Estado debe promover acciones tendientes a garantizar el acceso a los sectores más pobres a través del establecimiento de tarifas sociales diferenciadas.

Además se recomienda que los Estados se programen para que puedan realizar acciones relativas a la inversión en infraestructura e implementar políticas que garanticen la disponibilidad del agua, el acceso y la calidad de la misma, considerando la urgencia del municipio o poblado.

El problema, insistió, es algunos no entienden que la política es para servir al pueblo y que la democracia es aquella donde la autoridad hace lo que el pueblo quiere; los que no tienen compromiso con la democracia, los que llegan con el voto comprado, son gobiernos que hacen lo que quieren porque no tienen compromiso con la sociedad.