Nueva Ley del Libro

Entre el ruido y los apuros con que se puso fin al pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, pasó casi desapercibida la aprobación de La Ley de Fomento para el Libro y la Lectura. Un acontecimiento legislativo que debiera ser celebrado con más interés ante la Escuela Primaria que ya no forma lectores, ante la impunidad con que actúa la piratería, ante el engorroso trámite que se requiere en México para abrir una librería, ante la ausencia de una política de difusión y promoción de la lectura por parte del Estado, ante la falta de estímulos fiscales para el editor y el librero, ante el dramático 94 % de mexicanos que, se calcula en los estudios sobre hábitos y fuentes de consumo en la información, no leen, pero del que casi un 80% tiene a la televisión como si fuera Dios mismo el que hablara.

La Ley que logró salir entre tomas de tribuna y jaloneos internos de los partidos – y sobre la cual pesaban las observaciones que el entonces Presidente de la República Vicente Fox hizo mediante su facultad de veto el 1 de septiembre de 2006 -, atiende varias de las preocupaciones sociales, económicas y políticas que sobre la industria editorial estaban puestas en el debate y va mucho más allá del tema que la mantuvo suspendida en su vigencia total: el precio único. Tiene aspectos que, de atenderse por las autoridades competentes a las que se asigna su seguimiento y vigilancia, puede contribuir a construir un país de lectores que aminore los efectos devastadores de la tiranía de la Televisión.

La Ley, de la que se espera su publicación en estos días, en efecto tiene como principal objetivo, “Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector”, lo que se concreta en el artículo 22 al disponer que “Toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”. Pero también ha dispuesto normas que buscan “propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura; fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas; fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro; establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y privado, para impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro; fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del país; estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional, y estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la lectura.

Dentro de las consideraciones contenidas en el dictamen que el 29 de abril presentaron las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República – donde se localizó su mayor impulso -, se deja de valorar los múltiples avances que presenta esta legislación, y se hace énfasis en controvertir los argumentos con los que el anterior ejecutivo federal decidió no promulgar la ley. Es entendible puesto que conforme al proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución, esa argumentación debía superar las objeciones y las observaciones que, en realidad, formuló la Comisión Federal de Competencia Económica sobre el precio único. Consistente con su línea de defensa y protección de la libre concurrencia, el organismo que preside Eduardo Pérez Mota, no quitó el dedo del renglón nunca, y mantuvo su resistencia a ese mecanismo.

En la estricta lógica economicista, y bajo una rigurosa aplicación de los supuestos que definen a un agente con poder sustancial y las características de un mercado relevante, para un servicio o un producto similar, los argumentos de la Cofeco son imbatibles y la aprobación de la ley no puede, ni debe traducirse en una derrota del órgano encargado de la competencia; sin embargo, precisamente porque sólo se encuadran en esos estrictos criterios económicos, tal recomendación no podía aceptarse como definidora de una política pública que abarca otros aspectos fundamentales de ese proceso económico, y necesita asegurar su función social y proteger su condición de industria cultural.

La preocupación mayor de la Cofeco sobre un posible aumento del precio de los libros a los consumidores por el precio único de venta fijado por parte de editores e importadores de libros, y su advertencia de que desplazaría a aquellos agentes vendedores de libros al menudeo que, en su opinión, son más eficientes en términos de precio y, adicionalmente, la fijación del mismo para cada edición en venta, impediría el acceso de otros competidores a concurrir de manera más eficiente en precio, generando ventajas exclusivas en favor de los primeros, ha sido de efecto contrario en la experiencia internacional. En paises como Alemania, Francia y España, el incremento promedio del precio del libro está varios puntos por debajo de la inflación general. Mientras que, por ejemplo, en Inglaterra, país que hace algunos años abandonó esta medida, el aumento promedio en el precio de los libros ha sido de más de 29% contra 19% de la inflación general.

Según Raúl Padilla, Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, “la disminución de precios no es el único beneficio para el lector que resulta de establecer el precio único. Al crearse condiciones más equitativas no sólo se estimula la aparición de nuevas librerías, sino también se alienta la competencia por servicio, por surtido, por especialización”. Bajo el sistema de precio único, Francia pasó en veinte años de tener 1000 librerías a tener 4000. En Japón y en los once países de la Unión Europea que rige este sistema se han obtenido innumerables resultados favorables. Por el contrario, en los países donde el precio único se ha eliminado, la tendencia ha sido la opuesta: en Inglaterra cerraron 400 librerías en cinco años y Finlandia pasó de tener 750 a 450.

Creo en ello y desde 1997 en que la entonces Diputada panista Beatriz Zavala puso al servicio de esa causa legislativa, su empeño y su tesón, he buscado contribuir con mi opinión a que el Estado mexicano deje de ser editor de libros de primaria – otra de las medidas más importantes que debe venir pronto - y se convierta en promotor de la lectura, el facilitador de la empresa privada editorial, el constructor de cientos de bibliotecas a lo largo del territorio y por supuesto el regulador de la competencia en un mercado altamente significativo: el de autores, títulos, ideas, pensamiento, que se convierten en libro. Y ahí está el mérito de haber destrabado esa legislación que llega a nuestros días con más de cinco años de retraso desde que se inició su reforma y actualización. Ya era hora.

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