Pierden juarenses 6 mmdp en salarios

En Ciudad Juárez dejaron de circular alrededor de 6 mil millones de pesos en salarios, tan sólo por los empleos perdidos en los dos años que esta frontera lleva inmersa en la crisis económica y de inseguridad, de acuerdo con fuentes del sector productivo.

Datos oficiales establecen que, entre enero de 2008 y lo que va de 2009, en esta frontera se perdieron 90 mil empleos, mientras que en el mismo periodo cerraron cinco mil 192 negocios.

Considerando que cada empleo correspondiera, como mínimo, a un ingreso de entre 600 y 700 pesos semanales –o dos salarios mínimos–, resulta que en esta ciudad dejaron de circular, al menos, entre 54 y 63 millones de pesos por semana.

La cifra se hace estratosférica si se multiplica por mes: entre 216 y 252 millones de pesos menos circulando aquí; o entre dos mil 600 y tres mil millones perdidos por cada uno de los dos años que llevan las crisis económica y de inseguridad.

De esta manera, el gasto que se aplica en la Operación Conjunta Chihuahua, proveniente del pago de impuestos de los ciudadanos, se registra mientras Ciudad Juárez no sólo vive su peor problema de inseguridad, sino también la más aguda de las crisis económicas en su historia.

Sobre las pérdidas por cada negocio cerrado, Daniel Murguía, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, explica que podrían estimarse considerando un mínimo de 10 mil pesos al mes en ganancias que dejaron de producirse, en el caso de los negocios más pequeños, como las tiendas de abarrotes, o de hasta un millón de pesos menos, en el caso, por ejemplo, de los establecimientos más grandes, como los restaurantes de lujo.

Así, y considerando los ingresos más bajos, resulta que los más de cinco mil negocios cerrados dejaron a su vez de generar, como mínimo, 51.9 millones cada mes, o 623 millones cada año.

“De esa cifra, en adelante, es lo que se ha perdido en millones de pesos por el cierre de negocios”, dijo Murguía.

La ola de homicidios atribuidos a la disputa entre los cárteles de la droga, así como la entrada en vigencia de la Operación Conjunta Chihuahua, generaron a su vez lo que las autoridades denominaron una “diversificación” en las actividades de la delincuencia organizada, y que en los hechos se tradujo en un surgimiento descomunal de delitos que antes no eran frecuentes en Ciudad Juárez, como los secuestros por rescate y las “peticiones de cuota”.

Si bien las fuentes coinciden en explicar que es difícil distinguir de entre las pérdidas económicas sufridas en Ciudad Juárez cuáles obedecen a la recesión mundial y cuáles a la crisis de inseguridad, lo cierto, agregan, es que este último factor ha golpeado, y muy gravemente, absolutamente todos los sectores productivos de la ciudad.

Así, explican, la delincuencia ha afectado desde la industria maquiladora, empleados víctimas de homicidios, secuestros, robos de vehículos e incluso asaltos de comandos armados que entran en las plantas a robarse los cajeros automáticos, hasta los negocios de barrio, como las tiendas de abarrotes o pequeñas ferreterías, donde también abundan los plagios, los asaltos y, sobre todo, la imposición de cuota por parte de los delincuentes.

En los hechos, en todos los casos, la situación se traduce en miles de familias sin ingresos ni para lo más necesario, como la comida, la educación, el acceso a la salud o el transporte, y en miles de locales comerciales de todos los giros y por todos los rumbos de la ciudad cuyas cortinas permanecen abajo desde hace meses.

Se traduce, también, en la cada vez más alta cifra de negocios incendiados -desde bares hasta ferreterías-, casi todos después de que los propietarios se niegan a pagar la cuota solicitada.

“Es un problema muy grave: entre un 60 y un 80 por ciento de los dos mil agremiados, de una u otra forma, han sido sujetos a una extorsión, entre los que la sufren por una única ocasión o permanentemente, que estén pagando cuota; ese dato es por referencia de lo que platican los socios”, explicó Guillermo Soria, director general de la Canaco.

“Y son negocios de hasta 150 giros distintos, entre ferreterías, bares, refaccionarias, constructoras”, agregó Soria.

“El impacto que ha tenido la delincuencia en estos dos años es muy complejo, porque estando incluso la Operación Conjunta trabajando no se han dado los resultados, no han podido lograr que las detenciones surtan el efecto que esperamos, porque cada día vemos que las situaciones siguen más difíciles, más críticas”, agregó Federico Ziga, dirigente del sector de restaurantes, quien dijo que en su giro cerraron unos 40 establecimientos.

Para Soledad Máynez, dirigente de la Asociación de Maquiladora de Ciudad Juárez, la inseguridad en Ciudad Juárez no sólo afecta al sector local de prestadores de servicios: afecta incluso la competitividad económica de la ciudad, dijo la dirigente, y ahuyenta la posibilidad de atracción de nuevas inversiones extranjeras, que son el soporte fundamental de la economía de esta frontera.

“El problema principal es que los corporativos ven con desconfianza que no estamos haciendo lo indicado, y que no hemos dado una fecha en la que pueda iniciar el descenso en la delincuencia”, dijo Máynez.
“Y a los gerentes les preocupa el capital humano, y si no hay esa certidumbre para su personal, obviamente que hay alarma (...) porque continuamos con mas asesinatos, (con) compañeros de la industria fallecidos, secuestrados”, agregó.

Y lo peor de la situación, insistió la dirigente de la industria, es que los inversionistas no ven que los planes de seguridad aplicados, sobre todo la Operación Conjunta Chihuahua, estén dando los resultados esperados.
“Y ahora, en lugar de que Juárez aparezca como la ciudad maquiladora más importante, aparece como la más sangrienta, y esa publicidad desanima a las empresas”, dijo Máynez.

CRISIS EN CADENA

Todo el dinero gastado en la fallida Operación Conjunta y todas las mermas económicas registradas en la ciudad por la pérdida de empleos y de negocios son adicionales a otros quebrantos no cuantificados atribuidos a todos los impactos de tal situación.

Así, por ejemplo, informan las fuentes consultadas, cada empleo perdido de manera directa genera a su vez la pérdida de varios otros cancelados indirectamente: desde las plazas formales perdidas entre los proveedores de la industria maquiladora hasta las actividades informales que subsistían alrededor de los negocios prestadores de servicios.

“Hablamos del proveedor, del músico, del de las flores, los taxistas, toda una gama de gente que está detrás de los negocios que manejamos, y que aunque no son parte del negocio, sí viven de él; entonces, esto nos ha venido a afectar, es un factor que ha detonado la delincuencia”, explicó Federico Ziga.

Las fuentes también apuntan que otra pérdida económica no cuantificada, pero que también está directamente vinculada con la violencia, es el gasto que tienen que hacer las empresas y los ciudadanos en medidas de protección, desde rejas y cámaras de circuito cerrado hasta el propio pago de la cuota.

Y todo más el impacto en la productividad que puede tener el miedo constante a ser víctima de un delito, agregaron.

“Afecta sicológicamente la incertidumbre, el estar amenazados o preocupados de que les vaya a ocurrir algo a ellos o a sus clientes; es un problema en el que ni siquiera rinden en sus negocios”, planteó Guillermo Soria.

“Muchos de los negocios están pagando esas cuotas, tal vez una mitad las han pagado, o porque ven que unos giros, como las refaccionarias o los bares, están teniendo problemas, y pues mejor pagan”, agregó el entrevistado.

“Más los costos de seguridad, rejas, cámaras, botones de pánico; entonces, tienen que hacer inversiones por la seguridad, independientemente de la extorsión, más que el costo oculto que genera la preocupación”, dijo.

Soledad Máynez agregó que, entre los empleados por la industria, hay también quienes han tenido que recurrir a gastos como blindajes de vehículos y compra de seguros para la protección de todos los bienes, empezando por la vida.

“Tenemos juntas semanales con los gerentes de seguridad de las empresas, y nos informan las preocupaciones que se tienen, porque se ha llegado a tener que blindar los vehículos, a tomar una serie de precauciones para no caer en garras de la delincuencia que agravan los costos; vemos que es necesario sacar seguros de vida, de carros, geoposicionadores satelitales, alarmas, perros, botones de pánico, una serie de cosas que hemos tenido que hacer”, dijo Máynez.

“Pero no así las autoridades: no hay un cambio estructural en la Operación Conjunta Chihuahua (...) no hay una unión del gobierno y la sociedad sobre cómo trabar juntos, porque el problema no se arregla con balas, sino con participación activa, trabajando con los jóvenes, con los niños”, dijo Máynez.

“El problema no es superficial, no es sólo la violencia, sino el tejido disfuncional de la sociedad, que cada día se recrudece, por eso la inversión extranjera nos ve con cierta desconfianza”, agregó.