Preparan sanciones contra "narcocandidatos"

La Cámara de Diputados aprobará esta semana un paquete de reformas en materia penal para sancionar hasta con 9 años de cárcel a los precandidatos y candidatos que utilicen recursos, dinero, vehículos y aeronaves de procedencia ilícita.

Así lo aseguró ayer el diputado priista Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Justicia, quien explicó que la intención es frenar el uso de dinero sucio rumbo a las elecciones presidenciales de 2012.

"Esperamos que la reformas al artículo 406 del Código Penal Federal, que ya fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, sean discutidas y avaladas por el pleno de San Lázaro para turnarlas al Senado y con ello blindar las elecciones de 2011 y 2012 de cualquier intento de infiltración del narcotráfico", dijo.

De acuerdo con el dictamen, la reforma establece que pagará con pena de 2 a 9 años de cárcel quien obtenga o utilice, en su calidad de candidato o precandidato, por sí o por interpósita persona, fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampaña electoral.

La sanción incluye una multa de entre 200 y 400 días de salario mínimo.

Según el legislador priista, la reforma también incluye a precandidatos, pues el marco legal vigente no toma en cuenta las precampañas.

"La reforma que se hace al Código Penal Federal para que se constituya como delito el hecho de que los candidatos, pero también los precandidatos, los organizadores de campañas y representantes de partidos políticos, cuando reciban recursos de procedencia ilícita, puedan ser castigados hasta con penas de nueve años de prisión", explicó Zamora.

REFORMA publicó ayer la advertencia lanzada por el titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, en el sentido de que si no se realiza a la brevedad una reforma penal electoral para combatir la infiltración del crimen en el financiamiento de las campañas, las elecciones federales de 2012 podrían ser las menos creíbles y las más conflictivas de la historia de México.

El funcionario explicó que el uso de dinero procedente del crimen organizado para financiar candidatos no está tipificado como un delito electoral, por lo que la Fepade, adscrita a la PGR, promueve una reforma para tipificar esa y otras prácticas que pueden abrirle al crimen organizado la puerta para influir en la elección de funcionarios públicos.

De acuerdo con la nueva reforma, también se castigará con penas de uno a 9 años de prisión a quienes reciban no solamente recursos económicos, sino bienes o servicios, como son vehículos y aeronaves de cualquier naturaleza, como helicópteros y aviones.

Zamora explicó que se aplicará la misma sanción, de hasta 9 años de cárcel, a funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno que desvíen recursos para precandidatos, candidatos o partidos, así como los que presionen a sus subordinados para votar por algunas siglas o candidatos.

Agencia Reforma