Sepultan candidatos ciudadanos para 2012

Aunque el Senado aprobó en comisiones la reforma constitucional que permite las candidaturas independientes, los plazos legales impedirán que los aspirantes puedan registrarse para las elecciones presidenciales de 2012.

Este martes, a propuesta del panista Santiago Creel, las comisiones legislativas aceptaron reducir de 180 a sólo 60 días el plazo para aprobar la legislación secundaria que permita la entrada en vigor de las candidaturas ciudadanas.

Sin embargo, durante la discusión, los senadores dejaron en claro que será prácticamente imposible cumplir con los plazos legales.

De acuerdo con la Constitución, el Congreso tendría hasta el 30 de junio de este año para aprobar las reformas de carácter electoral que pretendan aplicarse en las elecciones de 2012.

Para ello, el Pleno del Senado deberá aprobar la reforma, enviarla a la Cámara de Diputados y que ésta la apruebe a la brevedad, para turnarla a los congresos de los estados, ya que se requiere del aval de por lo menos 17 legislaturas locales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, informó a los senadores que el tiempo promedio que han destinado los congresos locales a ese tipo de reformas es de entre dos y cuatro meses, lo que complicaría la entrada en vigor de la reforma.

Hace algunas semanas, el borrador del dictamen de reforma política prácticamente posponía las candidaturas independientes hasta el 2015.

Sin embargo, tal disposición fue eliminada del dictamen formal que se discutió en comisiones.

Este día, durante la discusión del tema, el senador del PRD, Pablo Gómez, propuso que se realice una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para habilitar las candidaturas independientes a nivel federal.

Sin embargo, su planteamiento no tuvo eco entre los legisladores.

Por otro lado, las comisiones aceptaron realizar una modificación en la exposición de motivos de la reforma, también relacionada con las candidaturas independientes.

El dictamen original establecía como requisito para ser candidato ciudadano que los aspirantes tendrían que asociarse a la comprobación de una antigüedad razonable en el desarrollo de actividades públicas de naturaleza político-electoral.

Creel reprochó la incorporación de ese requisito y lo consideró excesivo, ya que ni siquiera se le pide esto a los candidatos que son postulados por un partido político.

El requisito fue eliminado del dictamen por unanimidad.