Van criminales por familias de guardias

La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG) advirtió que los grupos criminales han enfocado sus ataques a las familias de escoltas de funcionarios públicos o empresarios, como una estrategia de debilitar los esquemas de defensa y prevención.

Según trasciende hoy en un medio de comunicación local, a través de un comunicado la asociación indica que esta es una presión de los carteles en contra de los tres niveles de Gobierno, a fin de crear contraposición de sus elementos protectores, sus escoltas.

Esto se suma a la declaración reciente del fiscal Carlos Manuel Salas, quien dijo que los recientes ataques son directos a la Fiscalía, usando a elementos de la corporación, en particular a los guardias; es por esto que varios elementos de esta corporación ya mostraron su inconformidad al exigir mayor seguridad para ellos a si como presionar a la autoridad de despedir a los supuestos mandos por quienes se están cometiendo tales atrocidades, que en menos de 15 días ha cobrado la vida de cinco elementos, tras amenazas previamente señaladas en contra de la FGE.

El organismo lamentó el ataque ocurrido el martes pasado en Chihuahua, en donde perdió la vida Brenda Carrillo González, esposa de Sergio Antonio Chivet Ponce, miembro del equipo de protección del gobernador César Horacio Duarte Jáquez, así como la hija de ambos.
Sin embargo ante las amenazas y las presiones de las cuales los guardias de seguridad han sido objeto, la SMG reiteró que es fundamental que todas las corporaciones policiacas y los equipos de protección personal (escoltas) de empresarios y políticos manejen un bajo perfil y reconformen una nueva estrategia de trabajo para la protección de personas.

“De igual forma que, dentro de su entorno familiar y social, cuiden la información derivada de sus actividades profesionales a fin de proteger la integridad de sus seres queridos”, señaló el organismo.

Lo anterior, se precisó, luego de que meses atrás la propia SMG advirtiera sobre un nuevo modus operandi por parte de la delincuencia organizada, en el sentido de que, por las labores profesionales de policías y guardaespaldas, ahora serían sus familias quienes estarían en riesgo.