2007, un millar de funcionarios inhabilitados

Al inicio de la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) se propuso promover la cultura de la legalidad, el combate a la corrupción, el aprecio de la rendición de cuentas y la fiscalización de la gestión pública.

Se comprometió también a mejorar la articulación de las estructuras de gobierno y optimizar el uso y control de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales, por lo que durante 2007 emprendió diversas acciones.

Su trabajo parte del reconocimiento de que la corrupción es un problema cultural cuya solución exige una ofensiva integral, además de acentuar la prevención e involucrar a la sociedad.

Durante 2007 fueron sancionados más de cinco mil funcionarios públicos, de los cuales casi mil quedaron inhabilitados; mientras que 541 empresas fueron sancionadas por corrupción.

Al asumir como titular de la SFP, Germán Martínez Cázares, hoy dirigente nacional del PAN) expresó su compromiso de velar porque el gasto del gobierno se efectúe conforme a la ley, promover un gobierno más eficaz y transparente, además de coordinar la ofensiva contra la corrupción y consolidar un servicio público democrático.

El 9 de enero pasado la dependencia dio a conocer que se abrió un expediente administrativo contra el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, a partir de una denuncia presentada por Carlos Reyes Gámiz y que concluyo el 12 de marzo.

El resultado que determinó la SFP fue archivar la denuncia en virtud de que no hubo elementos para comprobar que incurrió en conflicto de intereses en relación con la oferta de trabajo que aceptó de la institución financiera HSBC.

El 18 de enero Martínez Cázares y el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, expresaron su apoyo a la iniciativa de reformas al Artículo 6 constitucional presentada por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas ante el Congreso de la Unión.

Dicha propuesta pretendía establecer reglas uniformes en materia de transparencia y acceso a la información pública, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de marzo y el 24 de abril por el Senado.

Las secretarías de la Función Pública y de Hacienda acordaron el 31 de enero eliminar el apoyo para alimentación que se otorgaba a dos mil 822 servidores públicos, como parte de las medidas de austeridad implementadas por el presidente Felipe Calderón al comienzo de su gobierno.

Durante la Reunión del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, que se llevó a cabo el 9 de marzo, el titular de la SFP afirmó que se consolida en México la rendición de cuentas, que es la prueba de ácido a la legitimidad de los gobiernos democráticos.

Ese mismo día la SFP y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se comprometieron a consolidar una nueva cultura de la contratación, en un marco de plena transparencia y certidumbre jurídica en las contrataciones del Estado.

El 26 de febrero, en entrevista, el titular de la dependencia dio a conocer una auditoría integral en el programa Enciclomedia.

En el Foro de Análisis a la Reforma Constitucional en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos, el 28 de marzo en la Universidad La Salle, sostuvo que promover entre los funcionarios la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas es indispensable para reforzar el respeto a la ley.

Durante este año, la SFP signó acuerdos sobre blindaje electoral con los gobiernos de Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán, Durango, Puebla, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo.

El 17 de abril Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a la SFP el software y licencia de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, a fin de facilitar el seguimiento, control y auditoría de las obras públicas de la administración pública federal.

Con el fin de reducir sensiblemente la corrupción en el sector aduanero, la SFP y la SHCP, así como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y el Servicio de Administración Tributaria firmaron un convenio el 25 de julio.

El 1 de agosto dio a conocer que la administración pública federal logró ahorros adicionales en el gastos por servicios personales, de apoyo y operación, por un monto total de 373 millones, 358 mil 400 pesos, hasta julio pasado gracias al Programa de Austeridad anunciado por el Ejecutivo federal.

En tanto, el 5 de septiembre la dependencia inició una indagatoria junto con la Secretaría de Salud por la presunta venta del examen para residencias médicas, que supuestamente se comercializaba en 150 mil pesos.

Posteriormente, el 13 de septiembre, dio a conocer que derivado de las auditorías relacionadas con el caso del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, emitió diversas recomendaciones a la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios y a la Administración General de Aduanas.

En oficios dirigidos al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la SFP informó sobre la detección de zonas de riesgo y propuso acciones para mejorar los procedimientos y la aplicación de la normatividad.

El 28 de septiembre, Martínez Cázares dejó la SFP para contender por la dirigencia del Partido Acción Nacional y el cargo fue ocupado por Salvador Vega Casillas, quien el 7 de noviembre se reunió con los diputados integrantes de la Comisión Especial que investiga las presuntas irregularidades ocurridas el sexenio pasado.

Durante el encuentro Vega Casillas entregó las declaraciones certificadas de situación patrimonial del ex presidente Vicente Fox y se comprometió a trabajar coordinadamente con esa comisión, a fin de orientar las peticiones de información que hagan los legisladores al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de su encomienda.

Derivado de ello, el 27 de noviembre la SFP entregó documentos solicitados por ese grupo de legisladores y Vega Casillas aseguró que Fox Quesada recibe trato como el que se da a cualquier ciudadano y que de ninguna manera se le dará carpetazo al asunto.

La instrucción del presidente Calderón ha sido muy clara: “Cumplir con la ley y ayudar en todo lo posible en las investigaciones”, sostuvo en esa oportunidad.