Ahora es mayor el riesgo: Ejército

Como un factor que aumenta el riesgo de ataques armados e incluso como un motivo para la suspensión de garantías en Chihuahua fue considerado ayer por parte de diversas fuentes el robo de 69 armas perpetrado el lunes en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, con sede en la ciudad de Chihuahua.

Entrevistado al respecto luego de una reunión con sectores juarenses, el general Marco Antonio Barrón Ávila, comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, dijo que “seguramente” el peligro ahora será mayor “porque, efectivamente, las armas no van a ser para que se vayan a exhibir en una exposición; obviamente que van a ir a parar a ciertos grupos de delincuentes y podrían hacer mal uso de ellas”.

Consultado en el mismo encuentro, el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que el saqueo de las armas –entre ellas 43 fusiles de asalto– constituye una evidencia más de la ausencia de ley que impera en Chihuahua, por lo que procedería, dijo, un procedimiento de suspensión de garantías que deje de lado los poderes civiles en el estado.

“Las condiciones objetivas para la suspensión de garantías están puestas; esto (el robo de armas) es una muestra, lo que sucede en Ascensión (donde la población linchó a dos plagiarios) es otra”, dijo el abogado.

“Y en un país de otro tipo, el solo hecho de que las bandas de delincuentes entren y dominen el centro policiaco más importante del estado y roben armas es suficiente para promover el estado de excepción. O en tiempos de Benito Juárez, con un asalto de esa naturaleza, se estaría haciendo”, agregó De la Rosa.

Los entrevistados participaron ayer en una reunión entre el Ejército y representantes de la sociedad civil juarense; encuentro que tuvo lugar un día después de que, en la capital del estado, un grupo de ocho personas disfrazadas de policías estatales ingresó al edificio conocido como C-4, sede de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

De ahí, informó el Gobierno estatal el lunes, los delincuentes sustrajeron 43 fusiles de asalto R-15 y HKG36, así como 26 pistolas tipo P99 y Beretta calibre 9 milímetros.

Sobre el tema, y también entrevistado en el marco del mismo encuentro, el abogado panista Carlos Angulo coincidió en que dicha incursión de los delincuentes es una evidencia más de la falta de autoridades de seguridad pública en el estado.

“Ese es uno de los datos y elementos que tenemos como ciudadanos para ver si verdaderamente tenemos un estado que está funcionando en materia de seguridad pública, y me refiero a la Procuraduría del Estado, a la Policía del Estado y a las policías municipales, porque no tenemos autoridades en materia de seguridad pública, por eso tenemos una intervención de la autoridad federal, como la única fuerza que está tratando de hacer algo pero, como ven, toda la fuerza pública que se ha aplicado en la ciudad ha sido inútil”, dijo Angulo, también ex precandidato panista a la alcaldía de Juárez.

La suspensión de garantías está prevista en el artículo 29 de la Constitución, el cual prevé que el procedimiento se puede aplicar “en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

El mismo artículo agrega que corresponde al Ejecutivo federal emitir una medida de ese tipo, la cual deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión.

“Podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales”, dice el texto Constitucional.

Al respecto, De la Rosa explicó que la población juarense vivió con la intervención militar una especie de suspensión de derechos “de facto”, por lo que sería mejor una “suspensión regulada”, en la que hubiera claridad con respecto a las garantías específicamente canceladas e incluso, dijo, con organismos internacionales monitoreando el procedimiento.

Al respecto, Angulo dijo que el tema ha surgido en conversaciones entre empresarios, pero que debe tocar a la ciudadanía juarense, a través de sus diputados y senadores, solicitar una medida de esa naturaleza.

“Eso es algo sumamente grave que se tiene que ver con mucho cuidado. Se ha planteado últimamente; en el Senado hay esta conversación; he oído conversaciones entre empresarios, ya que la ciudadanía siente que se ha exacerbado tanto el crimen en la ciudad que ya estamos en un punto casi de suspensión de garantías”, dijo Angulo.