Narcoguerra rebasa a la reforma judicial

Como una víctima más de la guerra contra el narcotráfico, el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua ha sido fuertemente torpedeado en su estructura. Más de cien de sus operadores estratégicos han caído por las balas del crimen organizado lo que ha impedido que, en estos tres años de aplicación, se logre el objetivo para el cual fue diseñado: abatir la impunidad en el estado.

Sicarios de diversas organizaciones criminales han eliminado de 2008 a la fecha a 98 elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre ellos policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados. Todos ellos recibieron capacitación para aplicar, en el terreno de los hechos, las reformas judiciales que le iban a dar un giro de 180 grados al sistema de procuración de justicia de Chihuahua.

Un año duró “la luna de miel”, porque en enero de 2008 inició una escalada de violencia en el estado, que ha abonado la mayor parte de los 24 mil muertos que se contabilizan en el país por la guerra entre los cárteles de droga y del gobierno federal contra ellos.

Chihuahua es el primer estado del país en aplicar este sistema. En diciembre de 2008 se aprobó la reconfiguración, a nivel nacional, del sistema de justicia, el cual transitará del tradicional inquisitorio al acusatorio que consiste en introducir el desahogo de casos a través de juicios orales y mediante procesos simplificados, en los que un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.

El estado de Chihuahua se consideró como el laboratorio de la transición del sistema. Su experiencia serviría de ejemplo a los otros estados, que por ley tendrán que operar bajo ese régimen antes de 2015, pero la llamada guerra con los cárteles de la droga ha “hecho imposible que le mostremos a la ciudadanía las bondades del sistema”, advierte Patricia Martínez Ramírez, procuradora General de Justicia en esa entidad.

La encargada de la procuración de justicia lamenta la coincidencia entre la entrada en vigor del sistema y la crisis de violencia que se vive en el estado, y reconoce que “tanto crimen nos está colapsando el trabajo”.

Explica en entrevista que fue necesario enfocarse en los homicidios que tienen una línea de investigación, en los que existe alguna hipótesis. “Los demás los ponemos en archivo temporal, que es imprescriptible según la ley vigente en el estado, y lo reactivamos hasta que surge un nuevo indicio”.

La funcionaria agrega que son tantos las asesinatos que se cometen en Chihuahua que “sería imposible investigarlos todos por eso no le quitamos el tiempo a los fiscales con todos los casos”.

A su diagnóstico se suma la opinión del propio gobernador de la entidad, Fernando Reyes Baeza, quien acepta que el sistema penal acusatorio, al cual se le han invertido más de mil 600 millones de pesos, ha sido “víctima” del crimen organizado.

Ante la contundencia de los hechos reconoce que “la reforma coincidió con una coyuntura de violencia que puso en riesgo la certidumbre y la viabilidad del sistema de justicia”.