Ni llorar es bueno

Por: Manuel Narváez Narváez
manuelnarvaezpan@gmail.com

De entrar en vigor la Ley Arizona que permite a las policías de los condados norteamericanos exigir comprobar su estancia legal en los Estados Unidos, a personas sospechosas por sus características raciales, va a agudizar el desempleo y la violencia en las zonas fronterizas de nuestro país.

La endeble defensa de la administración Obama en contra de la racista Ley, ha provocado el crecimiento del odio de los supremacistas blancos hacia los indocumentados, mayoritariamente de origen mexicano. Varios estados de la Unión americana entre los que se cuentan: Florida, Illinois, Pennsylvania, Carolina del Norte y Texas, todos ellos con altos porcentajes de inmigrantes ilegales, apoyan decididamente la implementación de la legislación propuesta por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer.

Actualmente la población latina, legal o ilegal en los Estados Unidos, constituyen alrededor del 16% de la población total; de hecho, en los últimos años han visto crecer su presencia en las listas de votantes, hecho que permitió a Barak Hussein Obama obtener la mayoría para ganar la presidencia de su país. El 70% de los votantes latinos lo hicieron a favor del primer presidente de una minoría en ese país; paradójicamente, en pleno siglo XXI y con un mandatario de raza negra al frente, los indocumentados son perseguidos ferozmente en vecino del norte.

Analistas latinos que viven en territorio estadounidense explican que las razones por las que Obama sólo ha cumplido con los trámites comunes de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el departamento de Justicia y no realizar una labor más proactiva, se debe a que en noviembre próximo habrá elecciones intermedias en el vecino del norte, por lo que los demócratas, partido al que pertenece el presidente, no desea ir contracorriente del 56% de la población que apoya la entrada en vigor de la Ley Arizona. Sería un suicidio político y ceder la mayoría en el capitolio norteamericano, apresuran los más avezados. Otros, consienten que la baja intensidad de ir contra la Ley por parte de la administración Obama, obedece al pago del apoyo de republicanos otorgaron a las dos grandes reformas, históricas dicen los que conocen del tema, como han sido la de Salud y la Financiera.

Enmarcados en la turbulencia económica que afecta a los gringos, generada por el fraude y abusos de los dueños de Wall Street, el desempleo afectó a millones de trabajadores yanquis; sin embargo, pese a la frágil recuperación de la economía norteamericana, en la percepción de los anglosajones persiste la idea de que los inmigrantes les quitan sus puestos de trabajo y con la crisis, el costo para los contribuyentes, de los servicios de salud y educación para hijos de indocumentados, ha resultado muy alto. No obstante, el pragmatismo del imperialismo yanqui, que tiene como máxima: "Los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses", confirma la corta memoria y la indolencia de su gobierno, olvidando que han sido los inmigrantes, mayoritariamente latinos, los que han construido su imperio.

Pero más allá del sentimiento de solidaridad que tenemos hacia nuestros compatriotas, debemos estar consientes de que la gobernadora de Arizona y el gobierno de Obama, están en su legítimo derecho de aplicar las normas, por muy injustas o lesivas que sean, para mantener el control y soberanía de sus intereses como nación y dentro de su territorio.

Somos nosotros, como mexicanos, en el caso que nos ocupa, velar porque el gobierno de México recurra a los tratados internacionales y los derechos universales, para hacerlos valer ante las autoridades de norteamericanas, la OEA y la ONU; de tal suerte, que los derechos humanos de los indocumentados de nuestro país, porque los que tienen nacionalidad americana lo harán valer por sus propios derechos en territorio estadounidense, sean respetados.

Así el panorama poco alentador para quienes se encuentran ilegalmente en territorio gabacho, por ello es menester de la administración del presidente Calderón, disponer inmediatamente de los servicios de salud, programas de empleo temporal y otros programas sociales, para atender a los repatriados. Estos programas deben enfocarse esencialmente a la franja fronteriza. No hay tiempo que perder ni seguir lamentando los abusos de los gobiernos gringos, que bajo la batuta de cualquier color, hacen y deshacen a su antojo. Nuestra obligación, en el caso del gobierno de la república, es atacar las causas de la inmigración sin excusas ni pretextos.