Turna Pgje el caso Crispín a la PGR

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Pgje turnó al Ministerio Público Federal la investigación 7801-5092/09 por el delito de evasión de presos, iniciada con motivo de los hechos suscitados el 25 de marzo del 2009, cuando el interno Crispín Humberto Borunda Cárdenas fue sustraído por un comando armado del Centro Internacional de Medicina (Cima), donde recibía atención médica.

Lo anterior debido a que el delito de evasión de presos mencionado arriba es materia de un tribunal del fuero federal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 150 del Código Penal Federal; artículo 50 fracción I inciso j) y fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y artículos 11, 427 y 434 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La evasión de Borunda Cárdenas ocurrió cuando éste se encontraba legalmente privado de su libertad en atención a una orden de detención con fines de extradición internacional, y por tanto estaba a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aun y cuando estuviese internado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, ya que el Juzgado Primero de Distrito del Estado resolvió que era procedente desde el 29 de enero del 2009.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 50, fracción I inciso j), establece que “los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación”.

En consecuencia, resulta procedente sostener que las acciones a través de los cuales indebidamente se favoreció la evasión del detenido Crispín Humberto Borunda Cárdenas vulneran el ejercicio de las facultades y/o atribuciones reservadas a la Federación, así como el procedimiento de extradición solicitado por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.

En atención a lo anterior, se envió la carpeta de investigación correspondiente al delegado de Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que el personal a su cargo continúe la investigación iniciada en contra de los directivos del Centro de Reinserción Social, Celso Mariano Márquez Peña, Jesús Antonio González Barreno, Jesús Ernesto Fierro Salcido, Jesús Guillermo Portillo Cereceres, Édgar Lucero Ronquillo, Juan Manuel Gómez Baylón, Jesús Manuel Rubio Martínez, Jesús Ramón Álvarez Luna; y de los médicos Moriancumer Alcázar Hernández y Manuel García Medina.

Asimismo, se deja abierta la investigación iniciada acerca de estos hechos por la Unidad Especializada en Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Pgje, en relación a los delitos del fuero común que tipifica el artículo 299, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua.