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Martes 12 de octubre de 2010

Calderón y gobernadores firman pacto anticrimen

Los gobernadores electos del país y el presidente Felipe Calderón firmaron el Acuerdo de Chihuahua


Los gobernadores electos del país y el presidente Felipe Calderón firmaron el Acuerdo de Chihuahua

Los gobernadores electos del país y el presidente Felipe Calderón firmaron el Acuerdo de Chihuahua que establece compromisos de hasta seis meses para formar unidades antisecuestro, entre otros aspectos.

El mandatario federal celebró la firma de compromisos con plazos perentorios.

Los gobernadores firmaron su adhesión al Acuerdo por la Legalidad de agosto de 2009, estableciendo compromisos para depurar policías y avanzar en el sistema de justicia penal y en seis meses poner en marcha un plan antisecuestros; en ocho meses se modifique la ley para el sistema estatal de evaluación y control de confianza.

El Acuerdo de Chihuahua también lo firmó el presidente Calderón.

No asistieron mandatarios de Quintana Roo y Tlaxcala.

Calderón encabeza en el Centro de Exposiciones y Convenciones Chihuahua, desde las 10: 20 horas, un nuevo encuentro con mandatarios de Chihuahua, César Duarte; de Durango, Jorge Herrera; de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, de Oaxaca, Gabino Cue; Carlos Lozano, electo de Aguascalientes; Francisco Olvera, de Hidalgo; Mario López Valdés, de Sinaloa; Egidio Torres, de Tamaulipas, y Javier Duarte, de Veracruz.

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, envió a un representante, Fernando Manzanilla.

Según se señaló, algunos de los compromisos tendrán que ser implementados en los estados en menos de un año.

Los compromisos firmados son:

 Contar con elementos policíacos y de procuración de justicia confiables

 Combatir frontalmente el secuestro a través del desarrollo de unidades estatales del secuestro

 Implementar los mandos únicos

 Impulsar los diálogos por la seguridad en los estados

 Proporcionar seguridad a los ciudadanos que desarrollen tareas sensibles

 Generar inteligencia policial

 Reforzar operación de centros penitenciarios

 Impulsar políticas de prevención social de la violencia y el delito

 Gestionar los recursos públicos para la seguridad