¿El lado amable de la seguridad pública?

Definir a la violencia como un indicador positivo parece ser el mayor despropósito de un funcionario de estado, pues el balance satisfactorio del trabajo gubernamental debe ser medido en bienestar social, y la seguridad pública es uno de sus pilares fundamentales.

La lucha contra el narcotráfico debe ser medida no sólo con resultados cifrados en los decomisos y las detenciones, su análisis es de lago plazo y tiene qué ver con el impacto a la sociedad, y hasta ahora, el impacto ha sido fatal.

El procurador Medina Mora ha hablado en este sentido de la violencia durante el VIII Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Estatales que se realizó en nuestro estado esta semana, con la finalidad de debatir las reformas al sistema penal judicial, pero cuya realización estuvo enmarcada dentro de la temática de la inseguridad y la violencia que se viven en Chihuahua y en por supuesto, todo el país.

Así, para el funcionario, la violencia es un "indicador del daño" que están causando los operativos del Gobierno Federal contra el crimen organizado, dicho que fue secundado por la procuradora estatal Patricia González. Así las cosas, pareciera que se quiere presentar a la violencia como un hecho, digamos, "positivo", pues permite ver de manera muy tangible, los efectos de la batalla contra el narcotráfico según argumentan.

En Chihuahua las cifras de asesinatos son alarmantes, todos lo sabemos, y han comenzado a expandirse más allá de los miembros de los cárteles para tocar a nuestras familias, vecinos, a toda la sociedad. El gobierno inició una guerra sin cuartel en la que los ciudadanos estamos en medio de este teatro de operaciones del que ya hemos comentado y , nos hemos vuelto el punto más vulnerable de la frontera en discordia.

Las declaraciones del Procurador de la República dejan mucho qué desear acerca de la visión gubernamental de la seguridad pública y las obligaciones del Estado respecto a ella. Basta con analizar el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia que ha lanzado el Gobierno Federal, signado por todos los Poderes de la Unión, los gobiernos de las Entidades Federativas., representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, para tener mayores elementos acerca de lo que podemos esperar en materia de seguridad pública.

En lo que fue una reunión sin precedentes, el Consejo de la Seguridad Pública realizado en la Ciudad de México, culmina con un documento donde una somera hojeada nos deja varias cuestiones para el análisis: en primer lugar, es evidente que la sustancia a la que apelan los firmantes, encabezados por el Jefe del Ejecutivo, es a la buena voluntad de todos los sectores, a la responsabilidad colectiva y el buen ánimo de todos por colaborar, porque "todos somos responsables, y le podría pasar a cualquiera de nosotros o de nuestros hijos" parecen querernos decir. Pero, en ningún momento se ponen los puntos sobre las íes de la responsabilidad real, constitucional de todos los ordenes de gobierno, comenzando, claro, por la cabeza.

Luego, se hace una enumeración de las buenas voluntades, y por responsable, se designan tareas con un tiempo de cumplimiento determinado, lo que es muy importante si es que queremos saber a partir de cuándo pedir resultados. Pero lo que sorprende es en qué consisten todas estas acciones, de manera más o menos general, podemos agruparlas entre las de modificaciones estructurales y las de fiscalización y seguimiento, de modo que se promete un cambio en la morfología de las fuerzas de seguridad pública, y un profundo seguimiento a la eficacia, honestidad y capacidad de estos cuerpos.

Y el punto no es que no se necesite esto, sino que estamos hablando del ABC de la seguridad pública, la pregunta es entonces, si esto se promete como las medidas del cambio, ¿qué se estaba haciendo hasta ahora?, ¿es que no había un seguimiento mínimo de las labores policíacas, judiciales y militares?, ¿no se aplicaban pruebas exhaustivas de aptitud y funcionalidad a los integrantes de las fuerzas de orden?, ¿no existían mecanismos de fiscalización en estas dependencias?, si es así, como lo sugiere este gran acuerdo, ¿cómo es que se trabajaba y quién es responsable de esas carentes formas de proceder?

Este Acuerdo Nacional bien podría servir como una radiografía del estado de las cosas, que muy bien nos dice sobre qué estamos parados en materia de seguridad; lo que es grave es que se quiera presentar como la panacea de la buena voluntad en la lucha contra el crimen, y ni siquiera se haga un análisis de responsabilidades respecto a las deficiencias y, además, se quiera responsabilizar a todos los sectores sociales, apelando a la buena voluntad. No se trata de que los medios, los empresarios, la sociedad civil y los gobiernos no tengan todos una responsabilidad, sino que debemos tener en claro que el órgano rector de este Estado es el Gobierno Federal, a quien compete el asegurar que todos cumplan con sus responsabilidades, para eso existen las Leyes, los mecanismos de regulación y vigilancia.

Con esto no pretendemos demeritar el esfuerzo de nadie, ni menospreciar las posibilidades de cambio que ofrece un momento tan cruento como el que vivimos; pero el cambio requiere sobre todo de claridad, de llamar a las cosas por su nombre y no pretender que con buenas voluntades y discursos emotivos las cosas cambian.

Hoy nos vienen a decir en Chihuahua que lo que necesita el estado es una modificación discursiva, que cambia la estrategia de Operación Conjunta Chihuahua, a Operativo Juárez, no le parece a usted lector que ni discursivamente es funcional, pues parece que se disminuye la importancia., hay que recordar que una operación es mayor que un operativo, y el problema no está en Juárez, sino en todo el estado, ¿por qué disminuir ahora las cosas?, no queda clara cuales son los pasos, el método, y lo que es urgente es que los ciudadanos veamos resultados, no pueden seguir pidiéndonos concesiones a nuestros derechos básicos y menos aún pedir que estos desaparezcan o sean limitados cuando no se cuenta con una verdadera estrategia de seguridad nacional, porque al momento la seguridad pública no atendida en tiempo y forma por todos los niveles de gobierno, sexenio tras sexenio, trienio tras trienio, en cada localidad, en cada colonia o barrio, en cada entidad o municipio, ha rebasado, a un punto impensable, los limites del entorno inmediato de nosotros como ciudadanos para convertirse en un esquema sumamente delicado que corresponde a un tema de seguridad nacional, y eso parece que por lo menos ante nosotros los ciudadanos quiere seguir ocultándose. No se han dado cuenta que, como diría el refrán, que hechos son amores y no buenas razones. El tiempo se agota para todos ellos.

Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es ednafuerte@gmail.com para sus comentarios, muchas gracias.