Rendición de cuentas

Con las precampañas rumbo a la elección local de este año, los precandidatos de distintos partidos han ofertado la necesidad de que todos los funcionarios públicos de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno tengan la obligación de informar de manera periódica sobre el desempeño de sus cargos, con transparencia y rendición de cuentas. Este tema de la transparencia y la rendición de cuentas ya tiene un par de décadas en las leyes y en la práctica de las autoridades gubernamentales, hasta ahora, unos muy avanzados y otros muy retrasados. Como todo es perfectible, en estos días la propuesta de los partidos políticos debe ser en torno a perfeccionar el marco jurídico y la práctica gubernamental y que las entes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en sus tres niveles de gobierno como lo son federal, estatal y municipal sean obligadas a entregar a la ciudadanía, una información que bien pudiera abarcar la siguiente denominación; rendición de cuentas neta. Para explicar lo que hasta ahora puede considerarse una rendición de cuentas bruta, misma que puede ser incompleta o sesgada y que es entregada a los ciudadanos por los depositarios del poder, casi siempre para mostrar avances que en relación con las necesidades de la población no lo son, pero que desde el punto de vista publicitario, si sirven al gobernante para su buena hoja de servicios y para los fines electorales de su partido.

Cuando el gobierno federal informó sobre los avances de sus programas de combate a la pobreza, Oportunidades hace una rendición de cuentas bruta al informar que en 2009 hizo entrega de subsidios para 5 millones de familias, esto es, para 20 millones de mexicanos. Como México tiene 50 millones en la pobreza, entonces, Oportunidades deberá precisar que está cubriendo un 40% de la población con ese problema. Si los 20 millones de beneficiarios del programa Oportunidades fueron los 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, en la miseria para ser más directos, entonces la Secretaría de Desarrollo Social deberá informar que ha cubierto con subsidios al 100% de la población en este nivel de penuria.

En días pasados, el gobernador del Estado, José Reyes Baeza, informó que su promesa de campaña de 2004, de construir 160,000 viviendas económicas ya se había rebasado cuando al finalizar 2009, nueve meses antes del término de su administración, ya había construido 173,000 casas de interés social. A ese ritmo al 9 de octubre del año en curso, es seguro que se habrán construido en el Estado 197,500 viviendas del tipo señaladas y que superará con un 23% su proyecto prometido. El mismo gobernador dijo que las 173,000 viviendas económicas habían sido construidas por el INFONAVIT. La información proporcionada por el titular del Ejecutivo Estatal es una rendición de cuentas bruta, porque, la obra anunciada como suya, fue construida por un organismo público federal tripartita con fondos federales, de los patrones y de los trabajadores y en cambio, donde el gobernador si tiene responsabilidad directa en el rubro de la vivienda, la administración pública estatal a través de su Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, hasta donde se tiene noticia no construyó una sola vivienda económica en el sexenio del gobernador Baeza que está por terminar.

En resumen la nueva propuesta sobre transparencia y rendición de cuentas debe legislarse en el sentido de que la información pública que entreguen nuestros gobernantes debe desglosarse para que se vea la participación de cada parte de la sociedad en la construcción de la obra pública o la inversión en la obra social, tanto del sector público como del sector privado y el avance logrado medido contra la necesidad existente dentro de la población, sin que ello represente una responsabilidad única para el gobierno de que se trate. Por ejemplo, la educación no es un compromiso exclusivo del gobierno, hay educación pública a cargo del estado y educación privada a cargo de los particulares.